Una madre se enfrenta a una dura batalla legal tras sospechar que su pequeña hija fue víctima de abuso dentro de la guardería a la que asistía. En un primer momento, la respuesta del plantel fue de negación absoluta.
Según relata la mujer, la directora de la institución, en lugar de cooperar, organizó una reunión con otros padres para asegurarles que las acusaciones eran falsas y que la madre no había acudido a la fiscalía para formalizar su denuncia. A pesar de que la escuela insiste en su colaboración con las autoridades, la docente que estaba a cargo de la menor en el momento del presunto abuso renunció a su puesto en diciembre de 2023, el mismo año en que ocurrieron los hechos.
En enero de 2024, la madre de la niña decidió formalizar su acusación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, marcando el inicio de un proceso lento y desalentador.
Un viacrucis legal y burocrático para encontrar justicia por abuso sexual a su hija
La mujer describe un calvario burocrático en el que su expediente fue movido a diferentes pisos y unidades sin aparente razón, y en el que un agente del Ministerio Público postergaba constantemente las citas y el seguimiento de la investigación. Este laberinto de trámites y aplazamientos se suma a la angustia de la madre, quien aún no ve un avance real en su búsqueda de justicia.
El caso de la menor no es un hecho aislado, sino que forma parte de una sombría estadística nacional. Las cifras revelan que uno de cada seis niños y una de cada cuatro niñas en México sufrirá algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años.
Lo más alarmante es que el país no cuenta con datos precisos sobre los casos de abuso que ocurren dentro de las instituciones educativas. Expertos en el tema estiman que el 95% de estos incidentes nunca se hacen públicos, mientras que el gobierno, a su juicio, parece actuar con renuencia o de forma poco eficaz en la mayoría de los procesos legales.
La vergüenza y el miedo, barreras para la denuncia por abuso sexual
El problema es multifacético. Diversas organizaciones señalan que en ocho de cada diez casos, el agresor es una persona conocida por la víctima, incluso un familiar, lo que complica aún más las denuncias. La vergüenza y el miedo, tanto de las víctimas como de sus familias, son factores que a menudo impiden que estos crímenes se revelen.
En un salón de clases de 40 alumnos, las estadísticas sugieren que al menos diez niñas podrían ser víctimas, pero la mayoría de los casos no se denuncia. Y cuando alguien, como esta madre, se atreve a hacerlo, se encuentra con una serie de obstáculos que parecen insuperables, desde ministerios públicos lentos e ineficaces hasta, en algunos casos, corrupción.
Las autoridades escolares, por su parte, tienden a deslindarse de su responsabilidad. Un ejemplo de la lenta marcha de la justicia es el caso de un juez que, tras un largo proceso de siete años, ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrecer una disculpa pública por los abusos sufridos por 18 niños en un jardín de infantes de la alcaldía Gustavo A. Madero. Este precedente, aunque tardío, subraya la falta de acción y la necesidad de una rendición de cuentas por parte de las instituciones educativas.
