Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, permanece bajo custodia federal tras su detención en Ensenada en el marco de una investigación por delincuencia organizada y contrabando de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el expediente después de una investigación de alta complejidad centrada en lo que las autoridades identifican como “huachicol fiscal”.
Detalles de la investigación por huachicol fiscal contra Ernesto Ruffo Appel
Cabe recordar que oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron la orden de aprehensión contra Ruffo Appel el pasado 16 de julio de 2026. Según los informes del Ministerio Público Federal, la indagatoria apunta a una red criminal que presuntamente introducía hidrocarburos desde Estados Unidos hacia territorio nacional mediante el uso de redes ferroviarias.
Las investigaciones federales responsabilizan a la organización de alterar documentación aduanal y declarar volúmenes de combustible menores a los reales para evadir impuestos.
El vínculo entre Ingemar S.A. de C.V. y el daño patrimonial
La FGR relaciona las operaciones ilícitas con Ingemar S.A. de C.V., compañía que el exmandatario fundó y en la cual figura como accionista mayoritario. Las autoridades afirman que la firma manipuló reportes y documentación aduanera, lo que habría generado una evasión de impuestos por miles de millones de pesos.
El entramado logístico y financiero provocó, de acuerdo con la investigación, un daño patrimonial estimado en cerca de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.
Situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel ante la FGR
Tras su detención, Ruffo Appel fue asegurado y trasladado inicialmente a las oficinas de la SSPC en Tijuana; posteriormente lo movilizaron a la Ciudad de México. Actualmente comparece en audiencias ante una jueza de control federal para determinar su vinculación a proceso. Su defensa tramitó una suspensión de plano contra actos de incomunicación para garantizar el debido proceso mientras se define su situación legal.
Fuentes oficiales señalan que en las próximas horas podría concretarse el traslado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde continuaría su proceso conforme a las medidas de prisión preventiva que dicte la autoridad jurisdiccional.
