Ante la reciente ola de violencia que ha golpeado a las autoridades locales, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa de reforma denominada "Ley Manzo".
Esta propuesta, que consta de 10 características clave, tiene como objetivo principal garantizar la protección de los ediles que se encuentran en la mira de la delincuencia, estableciendo mecanismos de reacción inmediata por parte de la Federación.
Seguridad federal obligatoria para alcaldes amenazados
El punto medular de la iniciativa es retirar la burocracia en la solicitud de protección. Bautista Tafolla explicó que la protección no debe ser opcional ni tardía cuando la vida de un funcionario está en juego.
"Propongo seguridad federal obligatoria a presidentes municipales amenazados, esto en las zonas de alto riesgo en Michoacán, donde los presidentes que demuestren públicamente o mediante un oficio que están siendo amenazados por el crimen organizado, reciban seguridad federal obligatoria de manera inmediata...", detalló el legislador en tribuna.
Asimismo, propuso reformar el sistema de justicia para adolescentes debido a que el asesino material de Carlos Manzo era un menor de 17 años, la ley busca que los jóvenes de entre 14 y 17 años que cometan delitos graves (como homicidio o delincuencia organizada) sean juzgados con la misma severidad que un adulto, evitando que salgan libres al cumplir la mayoría de edad.
De igual manera, establecer un mecanismo legal y presupuestal para ofrecer recompensas (propuso entre 5 mil y 10 mil pesos) a ciudadanos que denuncien actividades ilícitas de sus propios familiares (hijos, hermanos, vecinos), buscando romper el tejido de protección social del crimen.
El mecanismo de activación de protección a alcaldes en Michoacán
Bajo esta ley, bastaría con dos supuestos para activar el blindaje:
- Denuncia pública: Que el alcalde haga del conocimiento público la amenaza.
- Oficio formal: Que se notifique por escrito a las autoridades.
Al cumplirse cualquiera de estos, el Estado estaría obligado a desplegar fuerzas federales para la custodia del edil, sin dilaciones, reconociendo la vulnerabilidad de quienes gobiernan en las zonas de conflicto o "alto riesgo" de la entidad.
