El terror infligido por el crimen organizado en la Sierra de Guerrero ha alcanzado niveles de guerra abierta sin que la autoridad logre contener la amenaza. Tras casi un mes de haber sido blanco de un brutal bombardeo ejecutado con artefactos lanzados desde drones, los pobladores del ejido Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, hicieron un alarmante hallazgo en medio de sus bosques: un arsenal artesanal compuesto por 120 artefactos explosivos caseros y más de 40 kilogramos de pólvora listos para ser ensamblados.
De acuerdo con el secretario del ejido, la localización de este cargamento bélico ocurrió durante un recorrido de vigilancia ciudadana por las zonas forestales de la comunidad. Los habitantes no solo tropezaron con la materia prima utilizada para fabricar las bombas con las que fueron atacados semanas atrás, sino que descubrieron un auténtico campamento de operaciones criminales en medio del bosque.
En el sitio se ubicaron trincheras excavadas por los delincuentes, parapetos de tiro y botellas con ácido sulfúrico, químico altamente corrosivo empleado tanto para la elaboración de reactivos explosivos como para la neutralización de materia orgánica.
La omisión estatal frente al terror por narcodrones en las comunidades
El hallazgo de este centro operativo clandestino confirma las denuncias que los ejidatarios han elevado de manera sistemática: los grupos delictivos que disputan el control de la sierra guerrerense han transitado del uso de armas de fuego de alto calibre al despliegue de tecnología táctica y guerra asimétrica. El uso de drones modificados para soltar bombas caseras sobre viviendas y zonas comunales mantiene a las familias de Guajes de Ayala en un estado permanente de zozobra y desplazamiento forzado.
Alcalde de #Chilpancingo minimiza violencia por drones y minimizan impacto de ataques.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026
El alcalde @GustavoAlarconH afirmó que los reportes en redes sociales sobre el uso de drones con explosivos magnifican la situación en #Guerrero.
Sin embargo, su postura contrasta con las… pic.twitter.com/6umTan9Qxa
Lo más alarmante para la comunidad es que hayan sido los propios pobladores, exponiendo sus vidas sin equipo especializado ni entrenamiento en desactivación de bombas, quienes tuvieron que peinar el terreno y asegurar el perímetro ante la ausencia y lentitud de las fuerzas de seguridad federales y estatales. La presencia de 120 explosivos activos en sus tierras de cultivo representa un riesgo mortal latente que exige la intervención inmediata del Ejército Mexicano para el peritaje, aseguramiento y destrucción del material.
