El gobierno ha recurrido al uso de material antiguo para intentar desacreditar a figuras del periodismo nacional, como Sergio Sarmiento, con el fin de justificar la censura y vulnerar la libertad de expresión. Ante los señalamientos oficiales que descartan cualquier intento de censura y niegan una campaña de desinformación, se advierte que la intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en los contenidos y la aplicación de sanciones generan un peligroso incentivo de autocensura.
Aunque se argumenta que los medios tienen la obligación de emitir códigos de ética y contar con un defensor de audiencias para proteger a los televidentes, la realidad es que dichos mecanismos carecen de autonomía. Será la propia autoridad la encargada de interpretar su cumplimiento, así como de confirmar, modificar o revocar las decisiones del defensor, convirtiéndolo en una figura a modo y alineada al poder.
Bajo la justificación de vigilar la veracidad de la información, estos lineamientos otorgan a la autoridad facultades extraordinarias para determinar qué es falso o verdadero, reflejando una profunda molestia ante la crítica y la exhibición de sus fallas. Lejos de tratarse de una regulación para proteger al público, estas medidas buscan silenciar el pensamiento crítico y acallar de forma directa a Televisión Azteca.
