La clasificación de información pública volvió a colocarse en el centro del debate político. En los últimos años, distintos expedientes relacionados con obras emblemáticas, investigaciones de alto impacto, contratos gubernamentales y hechos de interés nacional han sido reservados por periodos de hasta cinco años, una práctica que especialistas consideran un obstáculo para la rendición de cuentas.
El tema cobra nuevamente fuerza luego de que se conociera que el Gobierno de México clasificó como confidencial, por cinco años, la información relacionada con las investigaciones sobre presuntos vínculos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza con el Cártel de Sinaloa.
Reserva de información alimenta cuestionamientos sobre la transparencia
La decisión se suma a una larga lista de expedientes que permanecen fuera del alcance del escrutinio público. Entre ellos destacan documentos relacionados con proyectos prioritarios de la administración federal, investigaciones sobre accidentes y contratos gubernamentales.
Para organizaciones dedicadas al análisis de la seguridad y la transparencia, el uso recurrente de la clasificación de documentos ha dejado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica constante.
Fernando Escobar, integrante de Causa en Común, señaló que anteriormente la justificación más utilizada para negar información era la seguridad nacional.
“Se aluciera que la información tenía que ser reservada o clasificada por razones de seguridad nacional para no proporcionarla. Entonces era decisivo, como un obstáculo para la transparencia”, explicó.
Tren Maya, AIFA y Megafarmacia figuran entre los expedientes reservados
Entre los casos más conocidos aparecen documentos relacionados con el Tren Maya, proyecto que ha enfrentado cuestionamientos por sus costos y por el impacto ambiental señalado por distintos sectores.
También permanecen reservados diversos datos sobre la Megafarmacia del Bienestar, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros proyectos impulsados durante el actual gobierno federal.
De acuerdo con el especialista, el problema ya no solo radica en la decisión política de restringir información, sino también en deficiencias administrativas dentro de las instituciones.
“Te habla ya no nada más de una voluntad política de no proporcionar información, sino también de una enorme problemática administrativa dentro de las instituciones para no generar esa información”, afirmó.
Casos de seguridad, salud y tragedias también permanecen bajo reserva
La clasificación de documentos también alcanza investigaciones relacionadas con hechos de seguridad pública y protección civil.
Entre los expedientes reservados se encuentran datos sobre el costo de las vacunas contra COVID-19, informes de Pemex relacionados con la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el contrato de compraventa del avión presidencial, los reportes oficiales del llamado “Culiacanazo”, cuando Ovidio Guzmán fue liberado en 2019, así como información sobre la tragedia de la pipa ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Especialistas dudan que los documentos se hagan públicos al concluir el plazo
Aunque las reservas tienen una vigencia determinada, especialistas advierten que ello no garantiza que los documentos sean divulgados una vez concluido ese periodo.
Fernando Escobar consideró que la estrategia de comunicación oficial privilegia la difusión de información presentada desde el propio gobierno, en lugar de abrir completamente los expedientes al escrutinio ciudadano.
A su juicio, existe la posibilidad de que la información continúe administrándose mediante versiones parciales o presentaciones oficiales, sin que necesariamente se entreguen los documentos completos solicitados por la ciudadanía.
La desaparición del INAI abre un nuevo escenario para el acceso a la información
El debate sobre la transparencia también se intensificó tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que durante años resolvió recursos de revisión cuando dependencias federales negaban información pública.
Diversos sectores consideran que la ausencia del organismo autónomo podría dificultar el acceso ciudadano a expedientes relacionados con el ejercicio del poder, mientras que el gobierno ha sostenido que el nuevo modelo permitirá reorganizar las funciones de transparencia.
