El caso de Doña Carlota, quien se volvió viral tras intentar recuperar por su cuenta una vivienda presuntamente invadida, puso bajo los reflectores un problema que desde hace años crece en México: el despojo de viviendas. Mientras enfrenta un proceso judicial, su historia se convirtió en símbolo para cientos de personas que aseguran haber perdido su patrimonio por invasiones o fraudes inmobiliarios.
Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. En dos años y medio se han abierto más de 72 mil carpetas de investigación por despojo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de los cuales, solo se han resulto 300 casos.
Entre las víctimas está Daniel, quien denunció haber sido despojado de un terreno en Iztacalco en 2017 y, pese a contar con escrituras, asegura que aún no ha logrado recuperarlo. Además, el hijo de Doña Carlota cuestionó la efectividad del gabinete creado para combatir este delito en la Ciudad de México, al señalar que solo una mínima parte de los casos ha sido resuelta.
Ante este panorama surgió el Movimiento Doña Carlota, una iniciativa que brinda asesoría legal a víctimas de despojo y que afirma haber ayudado a recuperar tres viviendas. Sus integrantes advierten que este delito ya no solo afecta a inmuebles de interés social, sino también a propiedades en zonas de alta plusvalía, donde operan presuntas redes organizadas que, en algunos casos, actuarían con la complicidad de funcionarios públicos y notarios.
