El ejercicio del periodismo en México enfrenta un flagrante e inaceptable atentado contra la libertad de expresión, perpetrado a través de una pinza de violencia criminal, persecución judicial y censura de Estado. Comunicadores desplazados de estados como Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, como el trágico caso de Alejandro Leyva, asesinado tras denunciar el acoso del gobierno local, exponen cómo la colusión entre autoridades y el crimen organizado busca imponer una narrativa única mediante la intimidación, las armas y el uso del aparato público para estigmatizar y amedrentar a quienes investigan la corrupción.
A este clima de hostil violencia se suma el intento de institucionalizar la mordaza bajo el pretexto de regular los medios de comunicación a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Los nuevos lineamientos impulsados por Norma Solano no son más que un mecanismo de censura disfrazado de protección a las audiencias, diseñado para acotar el criterio editorial, castigar a las voces independientes y suprimir el derecho a la información, marcando un peligroso paso hacia el autoritarismo al dejar a la población indefensa ante la propaganda oficial.
