Detrás del discurso oficial que presume defender al pueblo, el gobierno federal impulsa una serie de lineamientos bajo el pretexto de “proteger a las audiencias”, una medida que en los hechos busca justificar la censura y controlar los contenidos de los medios de comunicación. A través de imposiciones como obligar a diferenciar estrictamente entre opinión e información mediante cortinillas o mensajes en pantalla, el aparato gubernamental asume una postura paternalista que subestima la capacidad de los ciudadanos para discernir el criterio editorial por sí mismos, al tiempo que prepara el terreno para fiscalizar y amonestar el trabajo periodístico crítico.
El mecanismo contempla además la figura de un defensor de las audiencias respaldado por el Estado para procesar quejas que podrían derivar en cuantiosas multas y sanciones contra las emisoras. Esta sobre-regulación no afecta únicamente a las empresas de comunicación, sino que atenta directamente contra el derecho de la ciudadanía a informarse con pluralidad; al arrogarse la facultad de decidir qué contenidos son válidos y cuáles deben castigarse, “Papá Gobierno” despoja a los espectadores de su libertad para elegir y cuestionar el poder.
