La propuesta sobre los nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias ha sido recibida con fuertes cuestionamientos en México. ¿Qué pasará con la libertad de expresión?
Aunque el discurso oficial sostiene que la iniciativa busca proteger a las audiencias, hay especialistas que advierten que, en los hechos, podrá otorgar a la autoridad la capacidad de revisar decisiones editoriales, interpretar códigos de ética e intervenir en controversias sobre contenidos informativos.
El riesgo no radica en la existencia de defensores de las audiencias, sino en que sea el propio Gobierno quien tenga la última palabra sobre qué se considera información, opinión o un posible incumplimiento, lo que, aseguran, podrá ejercer un efecto negativo sobre el trabajo periodístico y debilitar el derecho de la ciudadanía a recibir información libre y plural.
