La polémica alrededor del proyecto de lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias escaló al plano legislativo en el Congreso de la Unión, sumándose a las recientes advertencias hechas por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sobre el abuso de convertir este mecanismo en un instrumento de control estatal.
En medio de la consulta pública convocada para definir el marco normativo de la radiodifusión y las telecomunicaciones, las bancadas de oposición han comenzado a activar recursos parlamentarios para impedir abusos de autoridad contra la prensa libre.
¿Qué exige el PRI a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los derechos de las audiencias?
El Grupo Parlamentario del PRI presentará ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo para exhortar formalmente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a revisar y modificar los artículos 11, 12, 47, 50, 53 y 54 de su propuesta. La iniciativa busca fijar límites objetivos a las atribuciones del ente regulador y prohibir expresamente que la autoridad pueda sustituir el criterio editorial de los medios de comunicación o imponer una narrativa periodística determinada sobre las transmisiones informativas.
"Se debe eliminar de la propuesta cualquier disposición que implique censura, presión o sanción en contra de los medios de comunicación, garantizando plenamente las libertades de expresión, información, programación y línea editorial", señalaron.
#CallarAMéxico | El @PRI exige cambios a lineamientos para evitar censura y proteger la libertad de expresión
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026
El Grupo Parlamentario del PRI presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a la autoridad reguladora a modificar artículos clave de los… pic.twitter.com/nQVPzPeaNO
La batalla legislativa por frenar la censura en los medios
La postura de la bancada priista refuerza los llamados de alerta emitidos desde San Lázaro frente a la tentación de utilizar el pretexto de los derechos de las audiencias para condicionar el ejercicio periodístico o calificar la veracidad de los contenidos transmitidos en radio y televisión.
La revisión de los artículos señalados se perfila como un punto neurálgico dentro del periodo de consulta pública, la cual estará vigente hasta el 21 de agosto, en el que legisladores y concesionarios exigen un blindaje constitucional que impida al gobierno intervenir en los contenidos o sancionar a las voces críticas.
