La disputa política en torno a la estrategia de seguridad del país volvió a encenderse este miércoles luego de que el PRI solicitara una investigación formal sobre los recientes señalamientos que involucran a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos emanados de Morena.
Desde la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, pidió que tanto el Centro Nacional de Inteligencia como la Fiscalía General de la República esclarezcan si existe algún elemento que vincule a los mandatarios estatales con hechos ilícitos o si, por el contrario, las acusaciones carecen de sustento.
La exigencia surge en medio de un clima político marcado por acusaciones cruzadas entre oposición y oficialismo, donde los temas de seguridad y combate al crimen organizado continúan ocupando un lugar central en el debate público.
"Que se diga si hay pruebas o no": PRI exige claridad sobre las acusaciones
Durante sus declaraciones, Moreira sostuvo que la incertidumbre generada por este tipo de señalamientos afecta la confianza ciudadana y proyecta una imagen negativa de México en el exterior.
El legislador afirmó que corresponde a las instituciones federales determinar si existen elementos que justifiquen una investigación o si los gobernadores señalados deben quedar exonerados públicamente. A su juicio, la falta de información oficial alimenta especulaciones y mantiene abierto un debate que, dijo, debe resolverse con datos verificables y no únicamente con posicionamientos políticos.
En ese sentido, insistió en que el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía deben informar con claridad sobre cualquier indagatoria relacionada con los casos mencionados.
Moreira vincula la situación actual con la estrategia de seguridad del sexenio pasado
Más allá de los señalamientos contra los mandatarios estatales, el coordinador priista dirigió sus críticas hacia la política de seguridad impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Moreira aseguró que los problemas actuales son consecuencia de las decisiones tomadas durante el sexenio anterior y cuestionó particularmente la estrategia conocida como “abrazos, no balazos”, la cual, según su interpretación, envió señales equivocadas frente a la delincuencia organizada.
El diputado argumentó que la situación de seguridad que enfrenta el país ha generado cuestionamientos internacionales y sostuvo que el gobierno federal debe deslindarse de las decisiones adoptadas durante la administración pasada si busca recuperar credibilidad.
