La inminente ratificación de Adán Augusto López como coordinador de los senadores de Morena ha generado fuerte rechazo en la oposición y preocupación por la percepción internacional de México.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al asesor de Donald Trump estadísticas sobre la reducción de la inseguridad en la Ciudad de México, expertos y legisladores consideran que estas medidas son insuficientes ante la visión que se tiene de la penetración de grupos criminales en gobiernos.
Reacciones de la oposición
Legisladores de distintos partidos coincidieron en que la decisión, que se formalizará en la próxima reunión plenaria de senadores morenistas, representa un error con aval presidencial.
- Paloma Sánchez, senadora del PRI, aseguró:
“Es un pésimo mensaje que está dando la presidenta Claudia Sheinbaum. Volvemos a lo mismo: los morenarcos y la narcopolítica gobiernan ahora.” - Marko Cortés, del PAN, advirtió:
“Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, exige combatir a los delincuentes. Presidenta Sheinbaum, si quiere hacer las cosas distintas, quítese la herencia maldita, como es el caso del coordinador del Senado de Morena.”
Asimismo, diputados del PAN urgieron a investigar y actuar frente a presuntos vínculos criminales de funcionarios, como el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, jefe de la organización “La Barredora”.
¿Cómo afectará el caso Adán Augusto a nivel internacional?
Analistas advierten que la protección de Adán Augusto López podría dañar la credibilidad de Morena en el ámbito internacional y fortalecer la percepción de un narcoestado funcional dentro del gobierno federal.
- Daniel Echeverría, maestro en administración pública, señaló:
“Esto normaliza la ilegalidad bajo el manto de la 4T y premia a quienes son funcionales al partido, consolidando el control sobre diversas facciones dentro de Morena.”
La decisión no solo tensiona la relación de México con Estados Unidos, sino que también abre un debate sobre la gobernabilidad, transparencia y el combate real a la delincuencia organizada, en un momento crítico para la administración federal.
