La Fiscalía de Justicia capitalina reveló el “Modus Operandi” del llamado “Cártel Inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez, mediante el testimonio de un empresario, quien relata la forma en que presuntamente le solicitaron dinero para continuar construyendo.
En su relato, señala que en diversas ocasiones le fue solicitado dinero a cambio de protección, es decir que no fuera objeto de inspecciones y le facilitaran trámites.
Lara López, dijo que en el relato, el empresario manifiesta que conoció a Luis, ex director general de Jurídico y Gobierno, alrededor del año 2010, en la entonces delegación Benito Juárez; el contacto dijo, fue un amigo en común, con el propósito de tramitar todo lo relacionado a licencias de construcción.
Agregó que alrededor del año 2011, tenía una obra por desarrollar en la calle de Pitágoras, y que acudió a la oficina de la delegación a visitar a Luis para que le ayudara con el procedimiento de una visita de verificación que se le había practicado en dicho inmueble.
”Derivado a faltantes en los elementos de protección correspondientes al tema civil, por lo que se me suspendió temporalmente la obra, pidiéndole que me ayudara a resolver esa situación, solicitándome en ese momento una gratificación o apoyo económico por la cantidad de 150 mil pesos, a lo cual accedí, y habiendo pasado alrededor de 20 días naturales, fue que la obra se abrió y se pudo terminarlo” según el relato del empresario.
Cártel Inmobiliario contactó al empresario por segunda ocasión en 2015
También acusaron que tuvo contacto con Luis por segunda ocasión, alrededor del año 2015, para solicitarle nuevamente apoyó con una obra, la cual se ubicaba en la calle de Patricio Sanz, en donde se llevó a cabo una nueva visita de verificación. Según el testimonio del mencionado testigo, la obra sería sujeta de una sanción económica, por lo cual volvió a acudir a Luis, a solicitarle ayuda.
Pide el expediente a la Dirección de Obras para ver cómo se encontraba el asunto y observó que la obra estaba por concluirse, por lo que en ese momento me pide una cantidad de 250 mil pesos, mucho mayor a la que en algún momento yo había otorgado años atrás, haciéndome la observación que era motivado porque ya la obra se estaba concluyendo, por lo que si quería yo obtener la autorización de uso y ocupación, era necesario que yo accediera a ello, a lo cual accedí y le di el dinero en esos días posteriores a esa reunión.
También refieren que a finales del año 2014, el denunciante recibió una llamada por parte de Luis para reunirse en un restaurante ubicado en la colonia Del Valle.
En dicho restaurante me pide y hace de mi conocimiento que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado, para lo cual me pidió que apoyara con la cantidad de 200 mil pesos en apoyo a dicha candidatura, accediendo a su petición, días después, a través de mi chofer, le mandé el dinero directamente a sus oficinas en la delegación Benito Juárez.
¿Cómo comenzó la extorsión del Cártel Inmobiliario?
Agregaron que en 2016, a decir del desarrollador inmobiliario, Luis, buscó nuevamente una reunión con él, posiblemente para platicar respecto a las intenciones del propio Luis ahora como empresario de la construcción, a fin de asociarse y empezar a construir juntos.
En lo dicho por el desarrollador, señala que recibió un contrato por parte de Luis como constructor, a inicios del año 2017, para levantar un edificio ubicado en la calle de Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes, el cual en su momento el propio Luis comentó que lo estaban haciendo en asociación con el entonces delegado en partes iguales.
Una vez terminada la obra, Luis presuntamente le informó a través de mensajes que ya había negociado los números con la persona titular de la delegación, quien había accedido a la participación del inmueble y determinó quedarse con el departamento más grande.
En más datos al respecto, Lara López, aseguró que el empresario inmobiliario, señala haber recibido otro mensaje por parte de Luis, diciéndole que un familiar del referido servidor público al cual se le apoyó en su campaña, recibiría el departamento, y que en su visita al mismo había observado vicios ocultos.
Empresarios dieron anticipi de más de 3 millones de pesos
Para el mes de abril de 2017, a través de un amigo en común, el empresario y otras personas habrían escuchado la propuesta de Luis, para llevar a cabo un nuevo proyecto; a los asistentes, supuestamente Luis, les informó que había visitado el predio ubicado en la calle de Holbein y que traía los números, como denominaba a las aportaciones, para invertir en ese proyecto. Derivado de ello, pensaron que asociarse con Luis les traería beneficios.
Pero antes de la constitución de dicha empresa, adquirieron dicho inmueble, ubicado en la calle de Holbein, directamente a nombre del declarante, dando un anticipo de alrededor de tres millones y medio de pesos.
La investigación ministerial asegura que en el contrato quedó establecido, entre otras cosas, que la parte vendedora del predio contaba con una constancia de zonificación de derechos adquiridos en el año 1991, y que, a finales de octubre, acordó con Luis que este último se haría cargo de todos los trámites, gestiones, diligencias y/o cualquier situación derivada con la alcaldía, por lo que se firmó un contrato de prestación de servicios personales y profesionales con él.
Cártel Inmobiliario habría comenzado a pedir dinero a cambio de protección
En su narrativa, el declarante aseguró que Luis ya había negociado la protección de la obra, para lo cual le informó que vio al licenciado Alfonso, en aquel momento Director de Planeación y Desarrollo y Participación en la entonces delegación Benito Juárez, el cual era muy cercano al titular en turno.
Informándome que había acordado el pago por la cantidad de un millón 800 mil pesos para protegernos la obra y cuidarla de visitas de verificación, diligencias o procesos que se derivaran directamente en la entonces delegación, comprometiéndose a pagar un millón por anticipado para que nos pudieran otorgar la manifestación y 800 mil pesos, una vez que se obtuviese la terminación de obra. Acudiendo a la cita solicitada, el licenciado Alfonso me dijo pues que esa cantidad del millón de pesos inicial correspondía a la protección y también a una parte que él tenía que reportarle directamente al delegado y el saldo de los 800 mil pesos era derivado a ciertos tratos y asuntos que tenían pendientes.
Para el mes de agosto 2018, según señala, Luis, le entregó la autorización de uso de ocupación para dicho inmueble ubicado en la calle de Holbein y le solicitó que le pagaran el saldo a Alfonso, ex Director de Planeación, Desarrollo y Participación, porque al otorgarse dicha autorización por parte del entonces director de Obras, Nicias, todo estaría en orden y cuadrado.
También señalan, que las cuotas que supuestamente debían cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación.
Empresario fue supuestamente amenazado por el Cártel Inmobiliario
En noviembre, una vez que fue revisado un nuevo proyecto, el empresario dice haber acudido nuevamente a la Ventanilla Única, con César, en responsable de esa área, en donde una vez revisado el proyecto, le solicitó esperar unos minutos ya que vendría en ese momento su jefe, el entonces Director General de Desarrollo, Planeación de la alcaldía, Víctor Manuel.
Una vez que llegó el licenciado y se presentó, me explicó que no había de otra, que todos tenían que entrarle con esa situación, viniese recomendado o no o estuviese bien o no la obra, pero que si yo quería pisos adicionales o hacer cosas ajenas a lo que la normatividad permitía esa, ya era otra tarifa, teniendo que acceder a su petición, dado que, de lo contrario, sería la obra sujeta en total terrorismo, en cuanto a visitas de verificación, procesos de Protección Civil, en todo momento que derivaría en retrasos y mermas económicas importantes para el proyecto.
También el empresario asegura que la entrega de la primera parte, 425 mil pesos, fue el día 6 de diciembre de 2019, por el 50 por ciento del importe solicitado para la protección de la obra ubicada en José María Rico, y que César, extendería un recibo y acuse por dicho importe, pero que lo tendría que validar el propio Víctor Manuel.
Cártel Inmobiliario habría actuado con ese modus operandi desde 2015
A finales del mes de marzo 2022, se le informó que su proyecto era correcto y que preparara el finiquito para obtener dicha protección.
Siendo el mes de abril que acudo a entregarle directamente en las oficinas el importe de 425 mil pesos a cuenta de finiquito por la protección de la obra. Mi cita para acudir a la oficina de su jefe, el licenciado Víctor, donde en dicha reunión el propio licenciado firma mi autorización de Uso de Ocupación, informándome en ese momento que él tenía que dar el visto bueno de todas y cada una de las autorizaciones, porque eso significaba el acuse de que la obra había sido pagada en su totalidad respecto a la protección que vendían, para no ser molestados durante todo el proceso.
Probablemente, en abril de 2022, el desarrollador inmobiliario acudió a recoger el documento, directamente en la oficina de César.
En donde adicional a la propia entrega de la autorización me dice que en el folder va el recibo que amparaba el anticipo que yo había dado en el año 2019, retirándome en ese momento de su oficina. Estando yo afuera en el estacionamiento observó que dicho recibo no correspondía a mi obra, siendo este un recibo que correspondía a otra obra que se ubicaba en la calle Insurgentes.
Ulises Lara dijo que acuerdo con el testimonio del declarante ese recibo correspondía a un monto de cinco millones de pesos por una licencia de más 8000 m² de construcción, que no contó con el manifiesto de impacto ambiental urbano necesario para poder iniciar los trabajos desde el primer día.
Y concluyó que lo anterior fue el modus operandi desde 2015, de una red de ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez con decenas de construcciones en la demarcación, durante al menos tres administraciones, para solicitar apoyos económicos y en especie, a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitarán sanciones y multas.
