Hace 100 días, autoridades de Estados Unidos solicitaron detener a 10 personas de Sinaloa, entre ellas Rubén Rocha Moya, para ser extraditadas a ese país; la petición habría sido firmada por Jay Clayton, quien actualmente ocupa la dirección nacional de Inteligencia de EU.
La acusación señalaba presuntos vínculos entre operadores políticos de Morena y grupos delictivos para influir en procesos electorales de distintos estados; entre las entidades mencionadas aparecen Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas.
Una advertencia desde EU puso a temblar a la política en Sinaloa
Estados Unidos también lanzó una advertencia contra quienes trafiquen drogas, obtengan ganancias de estas actividades o utilicen cargos públicos para proteger a organizaciones criminales; el mensaje establece que ninguna posición política ni conexión con el poder impediría que enfrentaran consecuencias.
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En este contexto, versiones periodísticas han señalado que algunos políticos podrían estar colaborando con autoridades estadounidenses. Entre los nombres mencionados aparecen Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.
El caso Rocha y la pregunta que sigue sin respuesta
A 100 días de aquella solicitud, Rubén Rocha Moya continúa señalado dentro de esta controversia. El caso ha alimentado versiones sobre posibles investigaciones contra otros políticos mexicanos y mantiene abierta una pregunta: ¿hasta dónde podrían llegar las indagatorias de Estados Unidos?
¿Tensión en la 4T tras 100 días de la solicitud de EU para arrestar y extraditar a Rocha Moya?
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026
La petición formulada por el Departamento de Justicia estadounidense para detener al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios ha mantenido bajo alta presión al partido… pic.twitter.com/s86LlNkkB1
