La historia y la evidencia internacional han demostrado que el control de rentas no ha funcionado en ningún país ni época. Esta es la postura que mantienen la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Ciudad de México (CDMX) y el Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI).
Las cuales alertan que este tipo de medidas pueden inhibir la inversión y reducir la oferta de vivienda, perjudicando principalmente a quienes a las personas que más necesitan un hogar.
AMPI y IAI se pronuncian en el control de rentas en CDMX
Ambas organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que reafirmaron su compromiso con el desarrollo armónico de la capital, respetando el derecho de propiedad privada y fomentando la libre oferta y demanda como bases de una economía dinámica y justa.
En este sentido, valoran la presentación del Bando Uno por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que busca combatir la gentrificación y fortalecer el arraigo de las comunidades.
No obstante, puntualizan que el control de rentas, como han demostrado numerosos estudios y experiencias internacionales, no es una solución efectiva y puede incluso limitar la oferta de vivienda y frenar la inversión necesaria para atender la demanda.
Además, destacan que el 90% de las medidas anunciadas en el Bando Uno ya están contempladas en la legislación vigente desde el segundo semestre de 2024, y que hasta ahora no han afectado el mercado de arrendamiento.
El comunicado también subraya la importancia de diseñar estrategias de desarrollo urbano que equilibren la inclusión social, la sustentabilidad, el derecho de los ciudadanos a elegir dónde vivir y el fomento a la inversión privada.
Finalmente, ambas organizaciones coinciden en la importancia de invertir en vivienda en renta a precios accesibles, y reconocen con agrado la inversión anunciada por el Gobierno capitalino por 9,000 millones de pesos, que sin duda abrirá oportunidades de negocio y generará derrama económica.
Sin embargo, advierten que ninguna política pública debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico ni desalentar la participación del sector privado.
