El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una multa histórica de 777.8 millones de pesos a cuatro exmilitantes de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo que desde 2025 cambió su nombre a "Alimentación para el Bienestar". Las sanciones económicas van acompañadas de un castigo contundente: los implicados quedaron inhabilitados por un periodo de 10 años para ejercer cualquier cargo dentro de la Administración Pública Federal.
A través de un comunicado emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se detalló que los sancionados son María “G”, René “G”, Miguel “C” y Juan “R”. Estas personas se desempeñaban en áreas clave como la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, así como en la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia.
Anticorrupción multa a 4 funcionarios de Alimentación para el Bienestar con 777.8 mdp
— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) June 22, 2026
Los implicados incurrieron en faltas graves, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será la entidad encargada de aplicar la medida punitivahttps://t.co/Dgi7Hp7KHu pic.twitter.com/Ah015vdmqY
Los detalles del desvío: Dinero de alimentos usado para otros fines
De acuerdo con la investigación de las autoridades anticorrupción, las faltas graves ocurrieron durante el ejercicio fiscal de 2019. En ese año, los cuatro exfuncionarios ejercieron de manera indebida y en exceso los recursos que estaban destinados originalmente al programa "Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos".
El dinero, que debía utilizarse para apoyar directamente a los productores del campo y asegurar los precios de los alimentos de la canasta básica, terminó desviándose para dos rubros completamente ajenos a las reglas de operación originales:
- Gastos de operación en exceso: Utilizaron los fondos destinados a los granos básicos para cubrir costos administrativos y operativos internos de la dependencia fuera de lo permitido.
- Financiamiento de fertilizantes: Tomaron el presupuesto asignado al apoyo de precios de alimentos y lo gastaron indebidamente en el Programa de Fertilizantes.
La resolución del Tribunal busca sentar un precedente en el combate a la corrupción dentro de los organismos encargados de la soberanía alimentaria del país, obligando a los responsables a pagar el millonario daño patrimonial mientras cumplen su década de veto dentro del gobierno.
