La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre las reglas para evaluar a los estudiantes de educación básica en México.
En su resolución, el máximo tribunal del país declaró constitucional el Acuerdo 10/09/23 que establece las normas para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.
¡Adiós al 80% de asistencia! Criterios de la SEP para evaluar
El acuerdo de la SEP elimina el 80 por ciento de asistencia como requisito para pasar de año, además no es requisito una calificación mínima aprobatoria de 6, así como pasar a los alumnos de secundaria que hayan reprobado menos de cinco materias, el cual fue aprobado en 2023.
El Pleno de la Corte sostuvo que "el parámetro constitucional de excelencia educativa no exige modelos rígidos de evaluación ni depende exclusivamente de asistencias obligatorias, altas calificaciones o mayores índices de reprobación".
De acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, los criterios de evaluación de la SEP "son graduales, complementarios y subsanables, y están dirigidos a garantizar el acceso, permanencia y participación del alumnado en el sistema educativo, en armonía con el interés superior de niñas, niños y adolescentes".
Corte rechaza amparo de colegio privado por criterios de la SEP
El Pleno del máximo tribunal declaró constitucional lo establecido por la SEP al resolver un amparo promovido por un colegio privado el cual señalaba que esas disposiciones atentan contra la excelencia educativa.
La ministra Lenia Batres, hermana de Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en su proyecto negó el amparo al colegio y dio la razón a la SEP y su propuesta fue aprobada por la mayoría de los ministros.
"El Máximo Tribunal resolvió que el Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública, que establece las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, es constitucional y compatible con el derecho a una educación básica de excelencia, previsto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicó la Corte.
