En la unidad deportiva “Los Altos”, al norte de Manzanillo, Colima, es un espacio construido en 2016 que se ha convertido en la única opción recreativa para más de 6 mil personas, sin embargo, hoy está en riesgo porque aquí se pretenden construir Viviendas del Bienestar.
“El 2 de marzo vino la presidenta a poner la primera piedra”, recuerda Verónica Echeverría, habitante de Manzanillo.
Claudia Sheinbaum negó que obra afectará unidad deportiva
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo el 2 de marzo de 2025: “Para todos los que traen cartulinas que dicen que se va a afectar la unidad deportiva, es falso. Se va a respetar. No solo se va a respetar la unidad deportiva, sino que va a haber tres nuevas canchitas”.
Pero tres meses después de esta promesa, el estado de Colima publicó una modificación al programa de urbanización para construir aquí 560 viviendas.
“Hemos sido engañados por nuestras autoridades. ¿Dónde vas a poner tanta casa?”, cuestiona nuevamente Verónica Echeverría.
Pobladores quedaron desamparados para frenar destrucción de unidad deportiva
A través de un amparo, los vecinos han logrado frenar momentáneamente la destrucción de este espacio. Y lo mismo sucede en esta área verde de más de 9 mil metros cuadrados.
Martha, regidora del Ayuntamiento, acompañó a los vecinos a tramitar los amparos y, por ello, asegura haber sido víctima de violencia política.
“Estoy vinculada a proceso por un tema de persecución política y te puedo decir que no tengo ninguna duda de que eso obedece a la labor que estoy haciendo de resistencia civil con la gente”, afirma Martha del Toro, regidora de Manzanillo.
“Han utilizado los medios locales para hacernos ver como un movimiento politizado”, denuncia Claudia Pizano, habitante de Manzanillo.
Pero además hay otra preocupación: la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. “Le duele a uno cómo toman las decisiones sin consultar, y pues sí tenemos mucho temor de que este amparo se venga abajo. Tenemos mucho temor también por nuestra persona”, señala Verónica Echeverría.
Porque aseguran que, en el fondo, la iniciativa atenta contra el derecho a defenderse de los abusos del gobierno.