Los resultados preliminares de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones evidencian un rechazo abrumador a los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. De acuerdo con los datos registrados en el portal oficial entre el 27 de julio y el 7 de agosto, de un total de mil 867 intervenciones ciudadanas, el 63.3% se manifestó abiertamente en contra de las medidas, frente a un 32.7% a favor y un 4% con postura indeterminada.
Ciudadanos y especialistas coinciden en que estas disposiciones constituyen una “ley mordaza” dirigida a silenciar a los medios críticos del régimen, subrayando que la sociedad mexicana cuenta con el criterio suficiente para elegir qué contenidos consumir sin la tutela o intervención punitiva del gobierno.
El descontento popular se concentra en las facultades sancionatorias que la Comisión, dependiente del Poder Ejecutivo, pretende arrogarse contra las empresas de comunicación, lo que expertos califican como una imposición oficial para controlar la narrativa pública frente al contraste de los datos reales.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 21 de agosto; sin embargo, la principal inquietud de la ciudadanía y los analistas radica en determinar si la autoridad atenderá la exigencia mayoritaria modificando el documento o si ignorará la voz social para consumar el mecanismo de control editorial.
