Casi doce años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue vinculado a proceso tras una investigación de la Fiscalía General de la República. La orden de aprehensión se sustenta principalmente en los testimonios de exfuncionarias del poder judicial estatal.
De acuerdo con las declaraciones, un disco compacto con videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala —que registraban el ataque a un autobús de los estudiantes y la presencia policial junto al crimen organizado— fue sustraído y entregado al entonces mandatario. Testigos aseguran que Aguirre ordenó destruir estas pruebas y ejerció amenazas e intimidación.
La indagatoria también detalla que el exgobernador tenía pleno conocimiento de la infiltración del grupo criminal Guerreros Unidos en las corporaciones de seguridad locales. Las acusaciones fueron corroboradas por más testimonios y excolaboradores que confirmaron la manipulación y ocultamiento de los videos de aquella noche.
