La familia Alcalá enfrenta un calvario legal que cumple un año en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México, tras sufrir el despojo de su vivienda por una presunta red de delincuencia organizada. Aun cuando se logró una detención en flagrancia de tres de los invasores, un juez los dejó en libertad.
La omisión judicial y del Ministerio Público permitió que los acusados eludieran las audiencias sin recibir órdenes de presentación ni ser vinculados a proceso. La gravedad del problema escaló cuando los invasores lograron inscribir una escritura falsa ante el Registro Público de la Propiedad, despojando formalmente a la familia de su patrimonio a pesar de que el inmueble registra adeudos históricos.
El esquema involucró irregularidades graves en notarías de Tlalnepantla y de la Ciudad de México, donde se falsificaron identidades, estados civiles y poderes notariales para consumar la desposesión. La víctima señala la complicidad de funcionarios e instituciones formales en este entramado de falsificación documental.
