El pasado viernes 5 de junio, habitantes de San Luis Potosí y la organización internacional de derechos humanos Article 19 entregaron de manera formal una iniciativa ciudadana que busca eliminar de raíz varios artículos del Código Penal local que regulan la Inteligencia Artificial (IA). De acuerdo con los promotores de la propuesta, estas leyes se han convertido en una herramienta de persecución jurídica y censura, diseñada para silenciar el descontento social y amordazar la labor informativa en la entidad.
📣 Ciudadanía de San Luis Potosí y ARTICLE 19 presentamos una iniciativa al Congreso estatal para derogar artículos del Código Penal que utilizan la "inteligencia artificial" como pretexto para silenciar la crítica.
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) June 8, 2026
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La reforma penal en cuestión introdujo tres delitos bajo el argumento de combatir el "uso indebido de la inteligencia artificial para provocar alarma social". Sin embargo, a menos de seis meses de su entrada en vigor, activistas y defensores de los derechos digitales advierten que la ambigüedad con la que están redactados los textos permite que cualquier expresión crítica o contenido de interés público sea calificado como delito, generando un ambiente de incertidumbre jurídica y miedo entre comunicadores y la ciudadanía en general.
¿Cuáles son los castigos por el uso de inteligencia artificial que se aprobaron en San Luis Potosí?
La legislación potosina, impulsada y aprobada gracias a la mayoría de votos de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), persigue actualmente tres conductas específicas:
- Simulación de identidad (Artículo 187 TER): Castiga con uno a tres años de cárcel a quien use sistemas de IA para modificar o replicar la voz, imagen o identidad de alguien sin su aval, aumentando la pena si se considera que hubo afectación a la reputación o al honor.
- Desinformación dolosa (Artículo 272 BIS): Aplica de dos a cinco años de prisión a quien fabrique o difunda de manera dolosa información manipulada con tecnología que el Estado califique de forma ambigua como "idónea para alterar la paz pública".
- Manipulación institucional (Artículo 272 TER): Impone de tres a seis años de prisión a quien comparta contenidos que simulen comunicados o posturas oficiales. Este castigo es tan severo que supera a los delitos contra el patrimonio de una víctima e iguala a crímenes que involucran violencia física.
El caso de Anahí Torres y las trampas de la ley aprobada por Morena y PVEM
El ejemplo más alarmante de esta persecución es el que enfrenta Anahí Torres González, periodista y directora del medio digital En Primera San Luis, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión en su contra. Las autoridades estatales la denuncian formalmente por la difusión de un video viral que la Fiscalía califica como presuntamente manipulado con inteligencia artificial. La falta de criterios objetivos e independientes para demostrar dicha manipulación ha dejado en evidencia cómo el Estado utiliza conceptos legales vagos para criminalizar la difusión de materiales periodísticos de alto interés público.
