La libertad de expresión volvió a colocarse en el centro de la polémica en Campeche durante el gobierno de Layda Sansores, después de que un periodista local denunciara haber sido agredido, sometido y detenido por elementos de seguridad a cargo de Marcela Muñoz mientras documentaba un hecho de tránsito sobre la avenida Patricio Trueba, en la capital del estado.
Periodista relata cómo ocurrió la agresión en Campeche
El caso tomó fuerza tras la difusión de un video en redes sociales que muestra parte del altercado entre el comunicador y los agentes; de acuerdo con la denuncia, el reportero únicamente realizaba labores informativas cuando fue interceptado por policías; posteriormente fue trasladado ante un juzgado cívico bajo el señalamiento de alterar el orden público y tuvo que cubrir una sanción económica para recuperar su libertad.
En las imágenes difundidas se observa el momento en que el comunicador reclama a una agente el contacto físico mientras continúa grabando con su cámara.
“Eso es agresión”, se escucha decir al periodista durante el intercambio con los elementos de seguridad.
Según el afectado, la situación escaló cuando intentaba retirarse del lugar sin dejar de documentar lo ocurrido.
“Esa policía mujer se acerca muy prepotente, me alza la voz y luego me empuja; cuando yo le digo ‘oye, no me toques’, le explico que me estoy retirando, pero también estaba documentando todo”, relató. El comunicador aseguró que después fue sometido por varios oficiales.
“Me agarran con la rodilla y de brusco me hacen así aquí en mi rostro; tengo lastimado el cachete y dentro de mi boca. No sé por qué estoy escupiendo sangre”, afirmó.
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Caso reaviva debate sobre libertad de expresión en Campeche
La difusión del video generó cuestionamientos sobre la actuación de los elementos de seguridad y abrió nuevamente el debate sobre las condiciones en las que periodistas y comunicadores realizan coberturas informativas en espacios públicos.
Usuarios de redes sociales, colegas del gremio y ciudadanos compartieron las imágenes para exigir el esclarecimiento de los hechos, mientras que el caso se convirtió en un nuevo foco de discusión sobre la libertad de expresión durante la administración encabezada por Layda Sansores y el actuar de la corporación de seguridad dirigida por Marcela Muñoz.
