Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, enfrenta acusaciones por presionar a empresas del municipio para que paguen sanciones y cargos considerados excesivos. En un exhorto público, Rivera Navarro, emanado del partido Morena, advirtió que instruiría a las áreas de inspección, vigilancia y reglamentos a visitar las industrias locales para verificar su contribución al municipio.
Según la denuncia, esa supervisión terminó convirtiéndose en cobros forzados atribuibles a la autoridad municipal. El exalcalde fue detenido en febrero por presuntas irregularidades relacionadas con estas prácticas.
Conflicto legal: municipios contra empresas de telecomunicaciones
Mientras que en Salvador Alvarado, Sinaloa, la alcaldesa Guadalupe López González, también de Morena, pretende imponer cobros a las empresas de telecomunicaciones por el tendido de cableado aéreo sobre infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.
¿Pueden los municipios cobrar por el uso de infraestructura federal?
La medida generó rechazo de especialistas legales que subrayan que la materia es de competencia federal. El abogado Federico González Luna advirtió que el Artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones indica que se trata de jurisdicción federal. “No tienen derecho a hacerlo y si lo hacen, están actuando contra la ley”, mencionó a Azteca Noticias. Añadió que violar dicha legislación puede llevar a sanciones penales.
Por su parte, Gabriel Székely, de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, expuso que la situación refleja un problema nacional. Székely afirma que los municipios intentan compensar sus limitaciones presupuestales aplicando sanciones y cobros a compañías que, en muchos casos, operan bajo jurisdicción federal.
El impacto de los cobros municipales en los servicios básicos
Empresas del sector reportan sanciones multimillonarias en distintos puntos del país y acusan una dinámica de “paga o cierre”. Székely afirmó que los municipios “quieren cobrar cantidades exorbitantes” en diversos estados como Tlaxcala, Tamaulipas y el Estado de México.
Organizaciones y abogados públicos advierten que estas prácticas pueden dejar sin servicios básicos a comunidades enteras cuando operadores suspenden provisión por falta de autorización o por sanciones. González Luna sentenció: “Nos toca estar combatiendo a estas autoridades arbitrarias, abusivas, que lo único que ven son posibilidades de hacerse de recursos, de extorsionar, de molestar, obtener un beneficio, un lucro indebido”.
