El Congreso de Perú rechazó el miércoles una propuesta para celebrar elecciones anticipadas en diciembre de 2023, a pesar de casi dos meses de protestas que han dejado decenas de muertos tras el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo.
Esto sucede a pesar de los llamados al Congreso por parte de la presidenta Dina Boluarte para organizar las elecciones antes de finalizar 2023.
"Depende única y exclusivamente del Congreso de la república la responsabilidad aprobar el adelanto de las elecciones para este año 2023", dijo Boluarte en un mensaje a la nación.
Boluarte añadió que si no el Congreso no reconsideraba adelantar las elecciones tomaría dos medidas: debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean en 2023 y un proyecto de ley para la reforma total de la Constitución de 1993.
Los parlamentarios seguirán debatiendo la celebración de elecciones anticipadas, una de las principales reclamaciones de los manifestantes y detonantes de las protestas.
La primera propuesta -una de varias mociones- fue rechazada por 68 parlamentarios, y votada a favor por 54, con dos abstenciones el sábado 28 de enero, un día en que los disturbios y protestas cobraron su primera víctima en Lima.
Dentro del Congreso, profundamente fragmentado, algunos parlamentarios desean terminar su mandato original, mientras que otros quieren ir más allá y celebrar un referéndum para una nueva Constitución.
Con 54 votos a favor, el #PlenoDelCongreso no aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897, 1918, y otros, respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales complementarias en diciembre del 2023. pic.twitter.com/kzcfrRSU9Y
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 1, 2023
Perú quiere elecciones lo más pronto posible
En las últimas semanas, los manifestantes han bloqueado carreteras, tomado aeropuertos e incendiado algunos edificios, con reclamaciones que incluyen elecciones anticipadas, el cierre del Congreso, la dimisión de la Presidenta Dina Boluarte y la excarcelación del expresidente Castillo.
El Congreso había apoyado una propuesta para trasladar las elecciones previstas para 2026 a abril de 2024, pero la medida no logró aplacar los disturbios y protestas.
Castillo llegó poder en 2021 ya que contaba con gran apoyo del sur de Perú y de las regiones rurales andinas más pobres, foco de las protestas.
El expresidente, un antiguo profesor de izquierdas, se vio envuelto en múltiples investigaciones por corrupción y pasó por cinco gabinetes y más de 80 ministros durante sus 17 meses en el poder.
Fue detenido el 7 de diciembre y se encuentra en prisión preventiva tras intentar disolver ilegalmente el Congreso de Perú. Su vicepresidenta Boluarte, que juró el cargo horas después de su destitución, es el sexto presidente de Perú en cinco años.
Tras años de intensas luchas políticas, una encuesta realizada en enero por la encuestadora local IEP reveló que el Congreso, considerado corrupto e interesado, tiene un índice de aprobación de sólo 7%.
Boluarte no salía mucho mejor parada, con una aprobación de 17%, mientras que 73% apoyaba la celebración de nuevas elecciones este año.