El Congreso del Estado de Veracruz inició formalmente el proceso de declaración de procedencia para retirar el fuero constitucional a dos presidentes municipales de la entidad, ambos de Movimiento Ciudadano. La solicitud fue promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras integrar carpetas de investigación que vinculan a los funcionarios locales con delitos de alto impacto: homicidio calificado en el caso del edil de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y desaparición forzada de personas en el expediente del munícipe de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.
Raúl González Martínez estaría implicado en asesinato de periodista Roxana Guzmán
En el primer caso, las indagatorias del Ministerio Público señalan a Raúl González Martínez como presunto implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, un crimen que generó una fuerte condena por parte de gremios periodísticos regionales. Por otra parte, la acusación contra Bertín Bravo Montero lo coloca bajo la mira de la justicia por su supuesta participación en la desaparición de dos ciudadanos en la zona centro del estado, hechos que llevaron a la representación social a solicitar la intervención del Poder Legislativo para retirarles la inmunidad procesal y continuar con los juicios penales.
Tras la recepción de las solicitudes de la fiscalía estatal, la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura turnó los expedientes a la Comisión Instructora para desahogar las etapas del procedimiento. La diputada Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, confirmó que se fijarán las fechas correspondientes para que los alcaldes involucrados comparezcan y presenten las pruebas y alegatos que a su derecho convengan, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y la secrecía que exige el debido proceso penal.
Los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, enfrentan procesos de desafuero por presuntos delitos relacionados con el asesinato de una periodista y la desaparición de dos personas.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2026
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"La Comisión instructora va a fijar un día de audiencia para que sean alegatos, para que ya ellos digan también en lo que a su derecho convengan... El expediente sí tiene temas penales, entonces hay que salvaguardar el debido proceso. La Comisión Instructora lo que va a hacer es que, si hay los elementos suficientes a través de este expediente, pues entonces sí poder hacer este dictamen para que se vote ante el pleno", detalló la legisladora Naomi Edith Gómez Santos.
El impacto en la gobernabilidad municipal y el pleno del Congreso
De encontrar elementos de convicción suficientes en las carpetas presentadas por la fiscalía, la Comisión Instructora emitirá un dictamen de procedencia que deberá ser sometido a votación por las dos terceras partes de los integrantes del pleno del Congreso del Estado. De aprobarse el desafuero, ambos alcaldes quedarán separados inmediatamente de sus cargos ejecutivos y puestos a disposición de los jueces de control correspondientes para enfrentar sus procesos bajo la jurisdicción penal ordinaria.
Este procedimiento legislativo coloca bajo un fuerte escrutinio político al partido Movimiento Ciudadano en la entidad y abre una etapa de reconfiguración administrativa en los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, donde las suplencias municipales deberán estar preparadas para asumir el control de las administraciones locales en caso de que los ediles sean separados de forma definitiva.
