Florencio Flores es un hombre de la tercera edad que enfrenta la amarga realidad de perder el patrimonio que pagó con esfuerzo durante años en Ixtapaluca.
Flores denunció que personas ajenas a él se encuentran ahora en posesión de la casa que legalmente le pertenece, pues cuenta con escrituras y comprobantes oficiales del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) que acreditan la propiedad a su nombre.
“Estas personas me dijeron que no se iban a salir, que si podía yo sacarlas que las sacara, porque ellos ya habían pagado por la casa, no sé de qué manera”, expresó Florencio, evidenciando la impunidad con la que operan los despojadores.
Documentación falsa y uso fraudulento: El modus operandi para quedarse con casas
La abogada penalista Paola Torres señaló que estas personas utilizan documentos falsificados para apropiarse ilegalmente de inmuebles, pues “sin tener ningún tipo de derecho ni título, de forma furtiva y clandestina, están utilizando actualmente el inmueble”.
Este modus operandi incluye la manipulación de papeles que aparentan ser legales para burlar los controles oficiales.
¿Cuál es el principal problema al autenticar documentos?
A pesar de que las notarías aplican mecanismos como el uso de kinegramas y sellos oficiales del Colegio de Notarios para autenticar documentos, la falsificación sigue siendo un problema grave.
Felipe Carrasco, titular de la Notaría 185 en Ciudad de México, explicó que estos sellos pueden ser replicados fraudulentamente, complicando la identificación de los documentos apócrifos.
Corrupción que facilita el delito; una cifra que crece y preocupa
Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados, advirtió que detrás de la falsificación y el despojo suele haber complicidad de abogados y autoridades corruptas, lo cual dificulta la justicia para las víctimas y perpetúa la impunidad.
El caso de don Florencio es solo uno de miles que se registran en México. En 2024 se iniciaron 28 mil 364 carpetas de investigación por despojo en todo el país.
Para el primer semestre de 2025 ya se reportaban 14986 casos, y a eso hay que sumar la cifra negra, que corresponde a denuncias no formalizadas. Este delito pone en riesgo el patrimonio y la tranquilidad de muchas familias, especialmente de quienes ya enfrentan dificultades económicas y sociales.
