Dos mandos de la Dirección de Seguridad Pública de Zacapu fueron detenidos en Michoacán tras cumplimentarse una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de robo calificado grave y una presunta emboscada contra agentes de la Guardia Civil.
La captura se realizó en un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
¿Qué relación tienen con el caso de La Mojonera, en Nahuatzen?
De manera preliminar, las autoridades informaron que la investigación está vinculada con los hechos ocurridos durante junio en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde se registró un incidente que involucró a elementos de la Guardia Civil.
Aunque la Fiscalía no ha revelado más detalles sobre la participación de los detenidos, señaló que las indagatorias siguen abiertas para esclarecer completamente lo sucedido y determinar si existen más personas involucradas.
🚨 #FGEInforma | En acción coordinada con la @GC_Michoacan , @Defensamx1 , @GN_MEXICO_ , @SEMAR_mx , cumplimentamos órdenes de aprehensión contra dos mandos de Seguridad Pública de Zacapu, investigados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado grave. pic.twitter.com/q5MT5tKHlm
— Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) July 10, 2026
Tras su captura, ambos mandos de seguridad fueron puestos a disposición de un Juez de Control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La Fiscalía indicó que el proceso apenas inicia y será durante las audiencias cuando se conozcan más detalles sobre la investigación.
¿Qué sanción contempla el delito de robo calificado grave en Michoacán?
El Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo establece que el robo calificado recibe penas mayores que el robo simple cuando existen circunstancias agravantes, como el uso de violencia, el abuso de funciones públicas o cuando participan servidores públicos. Dependiendo de cómo se acrediten los hechos y las agravantes, las sanciones pueden alcanzar hasta 15 años de prisión, además de multas y la obligación de reparar el daño.
En caso de que durante el proceso se confirme que los imputados aprovecharon su cargo como mandos policiales para cometer el delito, el juez también podría imponer sanciones accesorias, como la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, conforme a la legislación penal y las disposiciones aplicables a los servidores públicos.
