La Cámara de Diputados aprobó una reforma que da marcha atrás al tope en el gasto de publicidad que se impuso a las entidades federativas en la Ley General de Comunicación Social, contenida en el Plan B y que hoy es parte de controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El partido Morena, autor de la modificación, decidió recular y tuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas. El dictamen se turnó al Senado.
Con 470 votos favor y 1 abstención, la Cámara de Diputados eliminó el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que hoy obliga a las entidades federativas a tener un tope de 0.1 por ciento de su presupuesto para su programa anual de comunicación social.
Límite de gasto solo será para gastos de campañas que realicen dependencias y organismos federales
Hoy, ese límite solo quedara vigente para el gasto de campañas de comunicación social que realicen las dependencias y organismos públicos federales.
Con esta reforma las entidades federativas podrán disponer de recursos de manera libre para su publicidad.
“Resulta necesario modificar la norma para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cumplan cabalmente con la obligación de trasparentar y publicitar sus acciones ante sus gobernados. Una reforma para que las entidades y municipios, atendiendo a su propia realidad, establezcan el límite de gasto para comunicación social, pero para que no se confunda la libertad con la discrecionalidad arbitraria, el límite presupuestario se sujeta al principio de austeridad republicana para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos”, señaló el diputado de Morena, Julio Cesar Moreno al justificar la reforma en tribuna.
La reforma no fue objeto de discusión y el PAN, que antes en la Comisión de Gobernación había votado en abstención, cambió su voto a favor.
El dictamen se turnó a Senado para validación.
