“La complicidad la pagamos nosotros” Madres buscadoras hablan de la acusación contra Rocha Moya

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco alzó la voz tras la acusación formal presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Aunque el grupo aseguró que suele evitar posicionarse en temas políticos, esta vez fue diferente. El mensaje fue directo, crudo y sin rodeos.

“No solemos pronunciarnos en temas políticos, pero esto es gravísimo: hoy un gobierno extranjero nos dijo lo que todos sabemos, pero muchos callamos”, expresaron.

El pronunciamiento completo refleja el hartazgo de quienes llevan años buscando a sus familiares desaparecidos: “Se está señalando a un gobernador por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. No es un caso aislado: en gran parte del país se repite el mismo patrón; autoridades que no actúan, que encubren o que son parte del problema. Cuando quienes deben proteger están bajo sospecha, no hay Estado… hay complicidad. La complicidad criminal la pagamos nosotros: con la vida de nuestras familias, con el miedo y con nuestras manos escarbando la tierra. Mientras ellos callan o pactan, nosotras buscamos. Esto no es incapacidad. Es colusión. Y así, México se sigue llenando de fosas.”

El posicionamiento conecta directamente con una realidad que viven miles de familias en el país: la búsqueda constante, muchas veces sin apoyo institucional, en medio de contextos de violencia.

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, los acusados habrían formado parte de una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas.

La acusación, anunciada por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole, señala a varios funcionarios de alto nivel —actuales y anteriores— del gobierno y fuerzas de seguridad en Sinaloa.

Entre ellos están Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

Según el documento, todos enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. En el caso de Millán, también se le acusa de secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar.

La acusación describe un esquema en el que funcionarios habrían utilizado sus cargos para proteger al cártel, filtrar información confidencial y facilitar el paso de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. A cambio, los implicados habrían recibido millones de dólares en sobornos.

El documento también vincula a los acusados con la facción del cártel liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”.

Según las autoridades, esta red habría operado desde distintos niveles del gobierno para garantizar impunidad y control territorial en Sinaloa.

Incluso se afirma que el actual gobernador habría sostenido reuniones con este grupo antes y después de asumir el cargo, con el objetivo de brindar protección a sus operaciones.

El mensaje de las madres buscadoras señala que no se trata de un caso aislado. En distintas regiones del país, colectivos han denunciado la falta de acción de autoridades o, en algunos casos, su presunta complicidad con grupos criminales.

Para quienes buscan a sus familiares, la diferencia entre omisión y colusión puede ser mínima, pero las consecuencias son enormes.