El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez aceptó analizar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Movimiento Ciudadano y el PRD, partidos que promovieron demandas, en contra de la segunda parte del llamado “Plan B” en materia electoral.
Registros del máximo tribunal señalan que, la tarde de este martes, Laynez Potisek admitió a trámite ambas demandas y rechazó concederles la suspensión a la reforma pues ya lo hizo el viernes pasado en la controversia constitucional impulsadas por el INE.
“Se admite y se niega la suspensión en función de lo resuelto en la controversia constitucional 261/2023", señala el acuerdo firmado por el integrante de la Suprema Corte.
Ambos partidos impugnan el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, promulgados el 2 de marzo pasado.
La noche del viernes, se suspendió, por tiempo indefinido, la aplicación de la segunda parte del llamado “Plan B”
La noche del viernes, ante una posible violación a los derechos politico electorales de la ciudadanía, el ministro Javier Laynez suspendió, por tiempo indefinido, la aplicación de la segunda parte del llamado “Plan B” en materia electoral.
Según registros del máximo tribunal del país, Laynez Potisek admitió a trámite, para su próximo análisis, la Controversia Constitucional que interpuso en días pasados el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de este segundo bloque de reformas avaladas por el Congreso.
De acuerdo con el ministro Javier Laynez, la suspension a la segunda parte del “Plan B” fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.
Para Javier Laynez era necesario suspender en su totalidad el llamado “Plan B” en materia electoral con el objetivo de salvaguardar el orden democrático nacional y proteger derechos humanos de votantes así como de trabajadores del Instituto Nacional Electoral.
La Consejería Jurídica de Presidencia anunció el domingo que impugnará la decisión Laynez para admitir la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral y por el momento suspenden su aplicación.
