En una flagrante contradicción histórica, el régimen actual se vuelve a morder la lengua al recurrir a las mismas prácticas de estigmatización que en el pasado calificaba tajantemente de “macartismo y fascismo”. Mientras que en octubre de 2021 la cúpula oficialista acusaba a la derecha de pretender elaborar padrones de adversarios, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, rebasó cualquier límite al exhibir públicamente desde la mañanera una lista de periodistas, medios de comunicación y cuentas analíticas etiquetados como “enemigos del régimen”.
Sin embargo, detrás de este intento por arrinconar a las voces disidentes, el gobierno omitió convenientemente presentar la auténtica “morelista": la de aquellos personajes de la transformación que acumulan señalamientos e investigaciones formales por impunidad, corrupción y nexos con el crimen organizado.
Mientras se persigue a la prensa independiente, la cúpula cobija bajo el manto del poder a figuras salpicadas por graves escándalos, tales como Rubén Rocha Moya, protegido pese a las acusaciones de narcotráfico provenientes de EU, Adán Augusto López y su cercanía con mandos vinculados a “La Barredora”, Américo Villarreal y Andy López Beltrán mencionados en tramas de huachicol, o Alfredo Ramírez Bedolla, Leonel Godoy, Alfonso Durazo y Manuel Bartlett. Una doble moral gubernamental que expone la urgencia de contrastar la lista de los comunicadores incómodos frente a la lista de los verdaderos narcopolíticos.
