De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tendría forma de mostrarse sorprendida por el escándalo que involucra a Vector Casa de Bolsa.
El reporte presenta evidencia que, asegura, demuestra que la dependencia del organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía conocimiento previo de la situación por al menos dos vías distintas y desde hace años.
El argumento central del reportaje es que la información sobre las operaciones sospechosas ya estaba en manos de las autoridades mexicanas mucho antes de que el caso se hiciera público. Cabe recordar que Vector Casa de Bolsa es propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La pista interna: Una transferencia de 47 MDD conocida hace 4 años
El primer elemento que MCCI utiliza para sostener su argumento es el presunto conocimiento de una transferencia millonaria. Según la investigación, la UIF sabía desde hace cuatro años que la empresa NUNVAV INC, vinculada por el Gobierno a los hermanos Weinberg y al caso de Genaro García Luna, había transferido 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa.
Este conocimiento previo de una transacción de tal magnitud, proveniente de una entidad bajo investigación, sería, según la ONG, la principal razón por la que la UIF no podría considerarse ajena al asunto.
Escándalo financiero sacude a México
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 27, 2025
La #UIF de Hacienda no puede alegar ignorancia: sabía desde hace 4 años de los movimientos sospechosos de Vector Casa de Bolsa. Son 47 millones de dólares vinculados a prestanombres de García Luna y exjefe de AMLO.
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La pista externa: La notificación oficial de Estados Unidos
En segundo lugar, el reporte señala que la sorpresa tampoco sería viable respecto a la investigación iniciada en Estados Unidos. MCCI expone que el 12 de junio de 2024, la jueza estadounidense Lisa Walsh envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Dicha solicitud judicial, un mecanismo de cooperación internacional, pedía formalmente información sobre las operaciones de una cuenta en Vector. Para MCCI, esta notificación oficial elimina cualquier posibilidad de que las autoridades financieras mexicanas, incluida la UIF, pudieran argumentar desconocimiento sobre el interés de la justicia estadounidense en la institución financiera.
En resumen, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad utiliza estos dos puntos, el presunto conocimiento interno de la transferencia y la notificación formal externa— para sostener su argumento central: que cualquier sorpresa por parte de la UIF ante el escándalo de Vector sería, según la organización, insostenible.
