“Usted disculpe": El discurso hueco del gobierno ante abuso sexual a niños en kínder Marcelino de Champagnat en CDMX

Un frío “usted disculpe” no basta para sanar las heridas. Esa fue la cruda realidad que vivieron las familias de las víctimas de abuso sexual en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat en la Ciudad de México. Lo que el Gobierno Federal llamó un “acto de disculpa pública por la actividad irregular del Estado”, las familias lo denominan sin rodeos “violencia sexual” perpetrada contra sus hijos, que en 2018 tenían apenas entre 3 y 5 años de edad.

El evento, forzado por un mandato judicial, expuso el dolor y la frustración de los padres que, en sus testimonios anónimos, describieron el infierno que vivieron sus hijos: “Ante el mundo entero, llenos de indignación por los actos de tortura, violencia, abusos de poder, manipulación, omisión, encubrimiento, pornografía infantil y abusos sexuales que vivieron nuestros hijos por parte de maestros, supervisores de zona escolar, directivos, personal administrativo, conserjes y de limpieza adscritos a la Secretaría de Educación Pública del Jardín de Niños Marcelino Champagnat...”, expresaron.

El horror se manifestó en los cuerpos y las mentes de los pequeños. Los padres relataron que sus hijos presentaban síntomas como moretones en el cuerpo, pérdida de control de esfínteres, infecciones en vías urinarias y enrojecimiento en sus genitales, sin causa aparente.

Sin embargo, el dolor de las familias no se limitó a lo vivido por sus hijos. Acusaron directamente a la SEP, a la Fiscalía de la Ciudad de México e incluso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de haberles fallado. Denunciaron una persecución por parte de las autoridades escolares, quienes, a través de su área jurídica, intentaron persuadirlos para que no levantaran las denuncias. Las familias se sintieron desprotegidas, sin ser escuchadas ni apoyadas por la fiscalía ni la CEAV.

El proceso legal, además de ser traumático, ha sido lento e insuficiente. De las 57 denuncias originales presentadas por las familias, solo 18 casos obtuvieron sentencia. A pesar de que dos de los presuntos responsables fueron condenados a seis y casi 500 años de prisión, las familias aseguran que muchas más personas señaladas siguen sin enfrentar la justicia. Se señalaron al menos 13 miembros más del personal docente y administrativo, y los padres aseguran que muchos de ellos continúan trabajando en el mismo jardín de niños, un hecho que genera aún más indignación y desconfianza.

La respuesta oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha limitado a anunciar la creación de nuevos protocolos para evitar que estos eventos se repitan. No hubo un discurso de fondo, ni una acción que mitigara el daño causado. La disculpa pública fue una simple formalidad, un “sincero y muy sentida disculpa” que no resonó con la verdad.

El evento de disculpa pública fue descrito por una de las autoridades presentes como un “acto de reconocimiento público de la actividad irregular, inaceptable, indolente, indignante del estado por hechos criminales cometidos contra niñas y niños”. Sin embargo, estas palabras son huecas. No le devolverán la paz a las familias, que han pasado por un verdadero infierno, provocado por el abandono y la omisión de todos los órdenes de gobierno.