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Organismos denuncian 15 desapariciones forzadas tras victoria de Maduro en Venezuela

Amnistía Internacional documenta 15 desapariciones forzadas en Venezuela tras las elecciones de 2024. Acusa al régimen de Maduro de crimen de lesa humanidad.

Informe revela que el Estado venezolano usa la desaparición forzada para castigar a la disidencia política. Al menos 11 personas siguen sin aparecer.
Organizaciones denuncian un patrón sistemático de desapariciones en Venezuela. El informe de Amnistía se suma a los expedientes de la CPI.|Reuters
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Amnistía Internacional publicó el informe “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, donde denuncia un patrón claro: las desapariciones forzadas son utilizadas por el Estado venezolano como herramienta sistemática de represión, especialmente tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024.

El documento analiza 15 desapariciones forzadas registradas entre esa fecha y el 15 de junio de 2025, pero advierte que al menos 46 personas podrían estar desaparecidas actualmente. El patrón se repite: detención arbitraria, negación del arresto y ocultamiento del paradero.

“La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto... Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona... y somete a su familia a un sufrimiento constante”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

¿Qué revela el informe sobre las desapariciones en Venezuela?

Amnistía subraya que los hechos documentados son parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, lo que, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), configura crímenes de lesa humanidad.

De los 15 casos investigados, 11 personas continúan desaparecidas. Se presume que están retenidas ilegalmente por organismos de inteligencia como el SEBIN, la DGCIM o la GNB. Entre los casos documentados se incluyen periodistas, activistas, abogados de derechos humanos y personas extranjeras detenidas bajo cargos dudosos.

@aztecanoticias El inicio de una #Venezuela amordazada... El dictador Hugo Chávez impuso el cierre forzado de medios críticos, como RCTV, y la imposición de control sobre los contenidos y periodistas que podían trabajar en los canales. El gobierno decidió qué programas podían emitirse y quiénes podían ser entrevistadores, silenciando voces críticas y enfrentando a los periodistas como enemigos del #régimen @_ninaandrade ♬ sonido original - Azteca Noticias

Desapariciones como castigo político en Venezuela

En la mayoría de los casos, las víctimas fueron detenidas tras participar en protestas, colaborar con opositores políticos o criticar públicamente al régimen. Como ejemplo, se menciona a Rory Branker, editor del medio La Patilla, detenido el 20 de febrero de 2025, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Las familias recorrieron sin éxito centros de detención como El Helicoide y la DGCIM en Boleíta, sin obtener respuestas. En muchos casos, el poder judicial fue instrumentalizado para legalizar detenciones arbitrarias, con audiencias secretas, defensores públicos impuestos y violaciones al habeas corpus.

También hay desaparecidos extranjeros en Venezuela

El informe incluye la desaparición de personas extranjeras como Yevhenii Petrovich Trush, joven ucraniano con autismo, detenido sin causa mientras solicitaba refugio en la frontera con Colombia, y dos ciudadanos españoles detenidos en septiembre de 2024 bajo falsas acusaciones de espionaje.

“La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe”, recuerda Callamard. “Los Estados deben utilizar todos los canales diplomáticos y multilaterales para presionar a Venezuela”.

Llamado urgente a la comunidad internacional para atender la crisis en Venezuela

Amnistía insta a que la Fiscalía de la CPI considere incluir la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad dentro de su investigación actual sobre Venezuela, e invita a otros Estados a ejercer jurisdicción universal para investigar y sancionar a los responsables, incluidos funcionarios de alto nivel del régimen de Nicolás Maduro.

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