La muerte de la adolescente Dafne Zapata en una escuela militarizada de Tamaulipas desató indignación nacional y una profunda revisión de estos planteles. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal ordenó el cierre y reconversión de este tipo de instituciones.
En respuesta, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó la clausura de cinco planteles que operaban bajo modelo castrense: dos en Reynosa, uno en Matamoros, uno en Altamira y uno más en Ciudad Madero.
El secretario de Educación estatal explicó que estas escuelas permanecerán inhabilitadas hasta que se integren al modelo educativo regular, buscando reconocer el grado escolar de los alumnos afectados para que continúen sus estudios.
Guanajuato y Zacatecas se resisten a la medida federal
Por otro lado, los gobiernos de Guanajuato y Zacatecas anunciaron que sus instituciones continuarán operando. La Secretaría de Educación de Guanajuato señaló que la medida federal aplica principalmente para educación básica y escuelas particulares, aclarando que no cuenta con planteles privados militarizados con RVOE.
Asimismo, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo confirmó que sus seis planteles de Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) seguirán funcionando con normalidad al tratarse de un subsistema público financiado con recursos estatales que no imparte formación militar castrense.
En la misma línea, el gobierno de Zacatecas indicó que mantendrá sus dos academias de nivel medio superior a la espera de una resolución definitiva de la SEP federal.
El vacío legal y la falta de regulación de las escuelas militarizadas
En México no existe formalmente un modelo educativo militarizado autorizado o reconocido por la SEP para la educación básica o media superior civil. Estas instituciones operan con planes de estudio oficiales tradicionales a los que únicamente añaden disciplina, uniformes y actividades físicas de tipo castrense.
La verdadera educación militar está a cargo exclusivo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para formar personal de las fuerzas armadas. Sin embargo, las academias privadas operaban en un vacío legal donde ni la Sedena ni la SEP asumían una supervisión clara, lo que finalmente motivó la intervención de las autoridades educativas federales ante las irregularidades y denuncias recientes.
