Al parecer, en la Ciudad de México (CDMX), ni los muertos se salvan de ser despojados de su patrimonio. La pareja del artista visual Richard Moszka batalla para recuperar su hogar en la Colonia Roma, tras un presunto despojo que habría contado con la participación de servidores públicos.
En julio pasado, el artista visual Richard Moszka falleció en su residencia de la Colonia Roma. Su concubino, Juan Pablo García Tamés, realizaba los trámites para acreditar su legal posesión y poder ingresar al inmueble.
Sin embargo, dos meses después del fallecimiento, varios sujetos ingresaron al inmueble y aseguraron que lo habían adquirido en 2024 a través de un contrato de compra-venta privado.
🚨 Ni los muertos se salvan del despojo en #CDMX
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2025
Aprovecharon la muerte del artista Richard Moszka para invadir su casa en la Roma.
Su pareja denuncia que una red de invasores, con ayuda de funcionarios corruptos.
⚠️ La Fiscalía no responde. @laucasillas con la información en… pic.twitter.com/FBdysANQBZ
Desde esa noche y hasta ahora, Juan Pablo García Tamés y su abogada, Wendy Tinoco, poco han podido hacer. “Me están quitando mi casa”, dice Juan Pablo.
Denuncian despojo con colusión de la Fiscalía capitalina
La abogada del afectado denuncia que esta presunta estrategia legal, o despojo, habría contado con la colusión de servidores públicos de la Fiscalía de Cuauhtémoc 7.
“El delito se configura, se enfoca a los servidores públicos, porque ellos eran los encargados de solicitar la documentación fehaciente”, dice Wendy Tinoco. Los afectados señalan que estos servidores públicos supuestamente facilitaron la entrega del inmueble sin verificar la legalidad ni la validez del contrato.
La abogada advierte sobre la falta de legalidad en la transacción: “No hay ningún aviso preventivo”, dijo Wendy, en referencia a que la transacción no está documentada en el Registro Público de la Propiedad.
Además, las cuentas de Richard Moszka están vacías: “Ningún indicio de que había habido una compra-venta, y de un inmueble que oscila entre los 15 a 18 millones de pesos”, agregó la abogada.
El caso subraya el riesgo de despojo en la capital, donde el patrimonio de los ciudadanos queda vulnerable ante estrategias legales dudosas y la posible participación de las propias autoridades.