Encuentran cuerpo de niña en granja de Francia: miles marchan exigiendo reforma judicial por negligencias en el caso

Más de 60,000 personas tomaron las calles en distintas ciudades de Francia para presionar al gobierno en una oleada de indignación tras conocerse los escandalosos fallos de las autoridades en el caso de Lyhanna, la niña de 11 años hallada muerta en una granja de Fleurance. La indignación ciudadana ha dejado de ser un debate de pasillo para convertirse en una movilización masiva que exige de manera unánime la renuncia del Ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

La furia colectiva estalló al revelarse la identidad del sospechoso detenido: Jérôme Barella, de 41 años y padre de una amiga de la víctima. Barella no era un desconocido para las autoridades; arrastraba un historial de denuncias por delitos sexuales que, de haberse atendido a tiempo, habrían evitado la tragedia.

Lo más perturbador del caso es que el depredador y presunto asesino ya tenía historial de denuncias desde agosto del año pasado. La madre de Rosa, una niña de 10 años, denunció formalmente a Barella por abusar sexualmente de su hija en repetidas ocasiones. A pesar de que los informes médicos confirmaron los abusos desde un inicio, la policía y la fiscalía no interrogaron, citaron ni vigilaron al sospechoso en los nueve meses posteriores.

Para la población francesa, la negligencia es imperdonable: si las autoridades se hubieran limitado a contactar al sospechoso, este sabría que estaba bajo la lupa del sistema, lo que habría truncado el secuestro y asesinato de Lyhanna. Ante la gravedad de los hechos, los abogados de la familia de Rosa anunciaron una demanda formal contra el Estado francés y contra el propio ministro Darmanin por su responsabilidad directa en la inacción institucional.

Actualmente, Barella se encuentra bajo custodia tras ser visto llevando a Lyhanna en su auto hacia una piscina local el día de su desaparición. Aunque el acusado niega los cargos, se ha negado a responder las preguntas del juez de instrucción.

El ministro de justicia de Francia, Gérald Darmanin compareció este martes ante un comité del Senado, reconoció que el caso evidencia "fallos impactantes e inaceptables en los servicios del Estado", aunque descartó categóricamente presentar su dimisión. En su comparecencia, el funcionario redobló su ataque contra el aparato judicial, rechazando el argumento de los sindicatos de magistrados que culpan a la falta de presupuesto.

"Lo que falta en esta historia no es una nueva ley, ni más dinero, ni mejores sistemas informáticos. Es la necesidad de priorizar las denuncias de violación", declaró Darmanin ante los senadores. "Teníamos todos los elementos. Nueve meses después, es completamente incomprensible que nunca fuera detenido". Como medida de choque, el ministro ordenó a los fiscales revisar de inmediato cerca de 70,000 denuncias de abuso sexual de menores que permanecen congeladas y archivadas en los juzgados.

Por su parte, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) salió en defensa de los jueces, lamentando lo que consideran un intento del Ejecutivo por convertirlos en "chivos expiatorios" y desacreditar el trabajo de miles de magistrados para salvar el pellejo político del gabinete.

Mientras la batalla política se recrudece en París, el primer ministro Sébastien Lecornu prometió endurecer de urgencia la ley de protección infantil que se debate en el Parlamento, buscando que los violadores seriales reincidentes se enfrenten a penas de cadena perpetua efectiva, eliminando el tope actual de 20 años de prisión. Para una Francia herida y movilizada, las promesas legislativas llegan demasiado tarde.