Debate por la seguridad: Michoacán propone eliminar policías locales ante nexos con el crimen

El gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, encendió el debate sobre la estrategia de seguridad pública en el estado al insistir firmemente en su propuesta para desaparecer a las policías municipales. El mandatario estatal justificó esta polémica medida bajo el argumento de que los ayuntamientos carecen de soberanía real para enfrentar la situación actual y afirmó de manera contundente que los cuerpos locales representan el eslabón más débil del sistema. Según los señalamientos del ejecutivo local, las corporaciones municipales se encuentran profundamente infiltradas por el crimen organizado y operan bajo esquemas de corrupción que les impiden dar resultados, por lo que consideró que la Guardia Nacional debe convertirse en la única fuerza encargada de vigilar el territorio y garantizar la paz.

Sin embargo, el argumento de la falta de soberanía y la corrupción en los municipios abre una contradicción política importante para el propio gobierno estatal si se revisa cómo está distribuido el poder local en la entidad. De los 113 municipios que conforman Michoacán, Morena gobierna de forma directa en 33 de ellos, lo que equivale a casi el 30 por ciento del estado y posiciona al oficialismo como el partido con mayor presencia municipal.

Al sumar a sus aliados estratégicos, donde el Partido del Trabajo (PT) encabeza 12 demarcaciones y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) administra otras ocho, la coalición oficialista suma el control de 53 de los 113 municipios. Esta cifra representa prácticamente la mitad del territorio michoacano, lo que significa que una buena parte de la problemática de infiltración y debilidad que denuncia Ramírez Bedolla corresponde a administraciones gobernadas por su propio partido político.

Frente a esta postura institucional, especialistas y organizaciones civiles han manifestado su preocupación y rechazo a la idea de borrar a las policías locales por decreto. En el espacio informativo "Ya nadie está dormido" de ADN Noticias, conducido por los periodistas Javier Risco y Luciana Wainer, expertos de la organización México Evalúa expusieron datos contundentes que demuestran que la propuesta del gobernador no se sostiene en términos de eficacia operativa.

De acuerdo con el análisis, las policías municipales y estatales son indispensables debido a que atienden la cotidianidad del territorio y se encargan del 99 por ciento de las puestas a disposición de presuntos delincuentes en todo el país, una labor clave para reducir la impunidad, mientras que la Guardia Nacional únicamente cubre el 1 por ciento de dichos procedimientos debido a su falta de capacidad instalada para resolver la justicia cívica diaria o los delitos comunes.

Los analistas detallaron que la solución real no consiste en desaparecer los cuerpos civiles, sino en fortalecer e invertir en su profesionalización, equipamiento y, sobre todo, en una dignificación laboral urgente, ya que actualmente cerca del 60 por ciento de los policías municipales ganan menos del salario sugerido de 16 mil pesos y solo el 1 por ciento tiene acceso a créditos de vivienda.

Asimismo, alertaron sobre los peligros de profundizar la militarización de la seguridad pública a través de la formación castrense de la Guardia Nacional, la cual está diseñada para eliminar enemigos y no para mediar conflictos ciudadanos, lo que históricamente ha elevado las quejas por violaciones a los derechos humanos.

Los expertos concluyeron que culpar por completo a los policías de estar coludidos es ignorar la realidad de los agentes que caminan desprotegidos frente a las amenazas del crimen hacia sus familias sin tener a dónde acudir, reflejando que el verdadero problema es el repliegue del Estado en su conjunto y no solo de la policía municipal.

La crisis de confiabilidad en las corporaciones de seguridad del estado no es un asunto exclusivo de las estructuras de los ayuntamientos, sino que también salpica de manera directa a los cuerpos policíacos que dependen de la propia administración estatal de Michoacán. La validez del discurso oficial que busca centralizar el mando de la vigilancia pública ha sido cuestionada tras registrarse incidentes que demuestran que las fuerzas del estado adolecen de los mismos vicios que el gobernador critica en los alcaldes.

Casos recientes de gran impacto público, como las denuncias del activista y político Carlos Manzo, reflejan que el problema de los abusos y los presuntos nexos delictivos afecta de igual manera al ámbito estatal.