El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, desató una fuerte controversia tras difundir un video en redes sociales en el que festeja el inicio de los depósitos de la beca "Rita Cetina" a cerca de 10 millones de niños de primaria pública. Sin embargo, el funcionario cruzó la línea de la legalidad al presentar el apoyo de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes como un recurso que "les manda la presidenta", ignorando deliberadamente que los programas sociales son un derecho constitucional financiado con los impuestos de los ciudadanos y no un obsequio o concesión de la figura presidencial.
La violación al artículo 134 constitucional de Mario Delgado
El uso de programas públicos para ensalzar a funcionarios o autoridades en turno representa una clara violación al artículo 134 de la Constitución Mexicana, el cual prohíbe estrictamente utilizar la propaganda gubernamental para la promoción personalizada de cualquier servidor público.
Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez, niñas y niños de primaria reciben la beca #RitaCetina.
— Mario Delgado (@mario_delgado) August 3, 2026
💰 Son 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta @Claudiashein les manda para que sigan construyendo sus… pic.twitter.com/JyfDU2MYQ3
Ni la beca Rita Cetina, ni los 6 mil 400 pesos bimestrales de la pensión para adultos mayores, ni los mil 900 pesos de la beca Benito Juárez salen de la bolsa de ningún político; son derechos adquiridos y pagados por el pueblo de México. Pretender presentar estos apoyos como una dádiva personal deja al descubierto el marcado sesgo clientelar con el que el Ejecutivo busca politizar la entrega de los recursos públicos.
El peligro del clientelismo y la politización de los programas sociales
Esta forma de comunicar la entrega de apoyos por parte de los morenistas busca instalar la narrativa de que el bienestar económico depende de la generosidad de un partido o mandatario. Cuando en realidad, convertir un beneficio establecido en la ley en un acto de aparente beneficencia gubernamental fomenta una dependencia política inaceptable. Los recursos destinados a los estudiantes de educación básica provienen de las contribuciones de todos los mexicanos, por lo que utilizarlos para lucrar políticamente distorsiona por completo la verdadera labor institucional.
