Durante la conferencia mañanera de este martes, la titular de la Secretaría de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, anunció ajustes al decreto en la materia para reducir de 17 a solo dos los motivos para reservar datos oficiales: interés público y seguridad nacional.
La funcionaria aseguró que cuando un expediente contenga elementos sensibles, se priorizará la emisión de versiones públicas para liberar el resto del contenido; sin embargo, el anuncio contrasta irónicamente con el historial reciente del gobierno, que ha utilizado sistemáticamente el concepto de "seguridad nacional" como el pretexto perfecto para clasificar y ocultar información incómoda sobre sobrecostos, fallas logísticas y tragedias humanas.
Firman decreto para fortalecer la transparencia
Durante la mañanera, Raquel Buenrostro destacó que el decreto es para "fortalecer la transparencia" y busca que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales. En ese sentido, la promesa que hizo fue que se consolidará la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) donde se actualizarán de forma mensual los contratos del gobierno y se transparentarán estados financieros, auditorías e información estratégica de las empresas filiales de Pemex.
El gobierno bajo llave: Ocultar información pública es otra forma de censura
A lo largo de los últimos años, la etiqueta de "seguridad nacional" no ha servido para proteger al país, sino para blindar los expedientes más cuestionados de la administración pública. La lista de la opacidad está encabezada por proyectos emblemáticos marcados por la opacidad presupuestal y fallas de origen:
- El Tren Maya, caracterizado por el sobreprecio e impacto ambiental.
- La Megafarmacia del Bienestar, sumida en el colapso logístico.
- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
- Contratos y costos de las vacunas contra el Covid-19.
- Los peritajes tras la explosión en Tlahuelilpan.
- La compraventa del avión presidencial.
Información reservada bajo el pretexto de "seguridad nacional"
La reserva de datos por hasta cinco años también ha servido para congelar expedientes de seguridad y corrupción que comprometen políticamente al gobierno. Casos como:
- El operativo fallido del "Culiacanazo" en el que se liberó a Ovidio Guzmán.
- La declaración patrimonial del exfiscal Alejandro Gertz Manero.
- La tragedia de la pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.
- Más recientemente, la investigación sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, permanecen archivados lejos del escrutinio público.
Con estas modificaciones, solo el tiempo dirá si la reducción formal de las causales de reserva se traduce en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas o si, por el contrario, la etiqueta de "seguridad nacional" continuará funcionando como la coartada perfecta para ocultar los datos más incómodos del poder.
