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Auditoría destapa red de pagos: Morena habría utilizado Financiera para el Bienestar durante proceso electoral

Una auditoría reveló que Morena habría utilizado Financiera para el Bienestar para dispersar más de 252 mil pagos en efectivo durante el proceso electoral.

Morena utilizó la estructura de Financiera para el Bienestar con el fin de entregar millones de pesos en efectivo durante el proceso electoral de 2024; estos pagos se etiquetaron como apoyos sociales.

Esto llama mucho la atención porque un partido político en México, cualquier partido político en México, no puede dar directamente apoyos sociales.

Morena habría dispersado más de 252 mil pagos mediante convenio oficial

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, el partido Morena firmó un convenio con Financiera para el Bienestar, antes Telecom Telégrafos, para realizar miles de pagos en efectivo en todo el país.

Lo que se tramitan son giros que simplemente son órdenes de pago y las personas los pueden cobrar alrededor del país.

Este convenio se firmó cuando Mario Delgado fue presidente nacional de Morena y todo se hizo de manera discrecional hasta que un auditor del órgano interno de la propia Financiera para el Bienestar destapó esta red oculta de pagos.

Se muestra que Morena contrató a Financiera para el Bienestar para dispersar más de 252 mil pagos; este contrato se firmó el 1 de junio de 2022, pero todavía tuvo vigencia hasta el 28 de junio de 2024; se desconoce el monto exacto y el nombre de los beneficiarios.

Si cada pago hubiera sido de 100 pesos, estamos hablando de más de 25 millones de pesos que no aparecen en estos informes que revisamos, pero si hablamos de mil pesos por cada pago, la cantidad subiría a más de 250 millones de pesos.

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Auditoría detecta irregularidades y falta de reportes ante autoridades

Lo que sí se sabe es que Morena nunca informó de estas operaciones al Instituto Nacional Electoral, ni mucho menos a las autoridades financieras.

En la cédula de esta auditoría se menciona que este contrato no pasó por acciones ni protocolos relacionados con las leyes antilavado en México, por lo cual no tuvo lineamientos claros sobre el origen de los recursos y que, además, estas operaciones podrían no estar apegadas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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