La comunidad de La Ventanilla, en el municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, está de luto por la muerte de “Lucho”, un cocodrilo americano que por casi dos décadas fue parte del paisaje y orgullo local, murió en circunstancias que hoy son investigadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El reptil no era un ejemplar cualquiera: estaba bajo resguardo legal desde 2005 y protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie sujeta a protección especial. También figuraba en el Apéndice II de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies silvestres en riesgo.
Cirugía no autorizada, posible causa de la muerte del cocodrilo “Lucho”
“Lucho” era un cocodrilo de más de 4 metros con una edad entre 40 y 50 años. Supuestamente fue sometido meses atrás a una cirugía con fines demostrativos durante un taller. El procedimiento, realizado sin autorización de la Profepa, habría causado una infección que finalmente derivó en su muerte.
El 11 de agosto, la Profepa presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable y solicitó información detallada sobre el estado médico del animal, pruebas de las actividades realizadas y copia de los permisos —si existieran— para proceder conforme a la ley.
El caso de “Lucho” podría llegar a los tribunales
El marco legal mexicano contempla sanciones severas en casos como este. El artículo 383 del Código Penal considera abuso de confianza disponer indebidamente de un bien bajo resguardo, incluyendo ejemplares de fauna silvestre.
Por su parte, el artículo 420 establece que se impondrá de uno a nueve años de prisión y multas de hasta tres mil días de salario mínimo a quienes:
- Pongan en riesgo la viabilidad de una especie silvestre.
- Participen en actividades de captura, tráfico o posesión de ejemplares protegidos.
- Dañen o maten ejemplares de flora o fauna silvestre bajo protección especial.
Si las investigaciones confirman que la cirugía sin autorización provocó la muerte de “Lucho”, los responsables podrían enfrentar:
- Prisión de uno a nueve años.
- Multas equivalentes a hasta tres mil días de salario mínimo.
- Inhabilitación para realizar actividades relacionadas con manejo de vida silvestre.
Además, el delito podría ser agravado por tratarse de un ejemplar protegido bajo normas nacionales e internacionales.
La Profepa reiteró que no tolerará actos que atenten contra la vida silvestre y que este caso tendrá seguimiento puntual hasta que se deslinden responsabilidades. La dependencia recordó que los ejemplares protegidos no son propiedad privada y su manejo debe cumplir estrictamente con las normas y permisos oficiales.
En La Ventanilla, la pérdida de “Lucho” no solo representa la desaparición de un animal emblemático, sino un golpe emocional y turístico para la comunidad, que lo consideraba parte de su identidad.
