La reforma a la Ley de Amparo, lejos de fortalecer el Estado de derecho, podría abrir la puerta al abuso de autoridad, al despojo y a la paralización de inversiones extranjeras.

Expertos advierten que los cambios propuestos complican la defensa legal de empresarios y ciudadanos ante actos del gobierno, lo que en automático representa un golpe duro a la economía del país.

¿Por qué la reforma de la Ley de Amparo pone en peligro las inversiones?

La iniciativa podría complicar la posibilidad de defenderse contra actos de autoridad. Esto significa que un empresario, comerciante o inversionista podría perder todo su capital si el gobierno, a cualquier nivel, decide expropiar, clausurar o detener un proyecto.

“Ya de por sí es complicado con un Poder Judicial influido por el gobierno; va a ser difícil poder ganar un juicio, pero ahora también las reglas procesales las están complicando” narró José María Soberanes, director de Derecho en la Universidad Panamericana.

La preocupación es clara: la reforma podría disuadir cualquier iniciativa privada que implique riesgo o capital significativo.

Impacto en la inversión extranjera por la nueva reforma

No solo las inversiones nacionales están en juego. Los capitales extranjeros ya enfrentan un entorno legal hostil en México, donde empresas canadienses ya empiezan a resentir estos vacíos legales.

La incertidumbre jurídica no solo afecta la operación de empresas grandes, sino que también genera una fuga de capitales. En el segundo trimestre del año, salieron del país más de 160 mil millones de pesos, un reflejo del temor de los inversionistas ante un marco jurídico poco sólido.

“Cuando un cliente me pregunta sobre las certezas jurídicas para invertir en México, lo que puedo decir es que su dinero realmente puede estar en riesgo”, indicó Gonzalo Bolio, especialista en Derecho de Amparo.

Riesgos para emprendedores y comerciantes

Emprendedores y pequeños comerciantes podrían enfrentar pérdidas devastadoras ante un acto de autoridad sin posibilidad de defensa inmediata.

Esto podría generar un freno al desarrollo económico local y un clima de incertidumbre que afecte la creación de empleos y la formalización de negocios.

Además, la complejidad que propone la reforma hace que recurrir al amparo sea más lento y difícil, lo que disminuye la efectividad de este mecanismo constitucional, a pesar de que se promete que los mecanismos de justicia van a ser más rápidos.

La Ley de Amparo, diseñada para proteger a ciudadanos y empresas frente a excesos de autoridad, podría perder fuerza en su función por cambios que representan un arma de doble filo.

Ante este panorama, empresarios, abogados y académicos llaman a evaluar con cautela la iniciativa y sus posibles efectos en la economía nacional.