El próximo domingo se cumplirán 60 días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y políticos mexicanos señalados por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Entre ellos están el gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza.
Rocha Moya fue vinculado con Los Chapitos
No es un señalamiento menor: se les atribuyen presuntos nexos con un cártel de la droga, organización designada como terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump, concretamente la facción de Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Estados Unidos denomina a esta estrategia una operación de caza de terroristas, como lo dijo Terance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés):
“Estamos cazando a los terroristas extranjeros responsables. Esto incluye a cada uno de los facilitadores, distribuidores y a cada individuo que obtenga ganancias de este veneno”.
México afirma que no hay pruebas para detener a Rocha Moya
El gobierno de México dijo que no había pruebas suficientes para detener a los acusados y ha negado que esté corriendo el plazo de 60 días que especifica el tratado de extradición con Estados Unidos. Según esa postura, dicho plazo iniciaría al momento de la detención, lo que no ha ocurrido.
Funcionarios de Estados Unidos, por su parte, sostienen que la investigación contra los 10 señalados de Sinaloa tiene bases sólidas y que la detención de Rubén Rocha Moya es importante para la lucha contra el narcotráfico, y quizá no sea la única.
