La remoción de cámaras de videovigilancia propiedad de ciudadanos y comercios en la ciudad de Durango ha desatado una ola de opiniones divididas entre la población. Esta medida, llevada a cabo por autoridades estatales, ha dejado una sensación de incertidumbre entre los habitantes, quienes cuestionan si la acción es beneficiosa o perjudicial, especialmente ante la preocupación de que los negocios queden sin protección.
La remoción de cámaras de vigilancia genera opiniones encontradas en Durango
La percepción de los ciudadanos es compleja y contradictoria. Por un lado, algunos reconocen que la medida podría tener un fundamento, pero por otro, admiten que la falta de estos equipos les genera una sensación de mayor vulnerabilidad.
En las calles, se percibe una preocupación palpable por la desprotección que podría derivarse de esta acción, pues las cámaras de vigilancia son vistas como un medio fundamental para disuadir a los delincuentes y, en caso de un incidente, contar con pruebas visuales que ayuden en la investigación. De hecho, es una práctica común que la mayoría de los establecimientos instalen sus propios sistemas de grabación precisamente para prevenir el robo y otros actos ilícitos.
Las autoridades justifican la acción por falta de permisos
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha justificado el operativo, explicando que muchos de estos equipos fueron colocados en espacios públicos sin los permisos correspondientes. La dependencia argumenta que estas instalaciones no autorizadas alteran la infraestructura de la ciudad y, en algunos casos, podrían comprometer la privacidad de las personas.
Como resultado, se ha procedido a desmantelar una cantidad considerable de estos aparatos. De acuerdo con las cifras más recientes, solo en la capital del estado se han retirado más de 300 cámaras, excluyendo los equipos que pertenecen a la red de vigilancia oficial del C5.
Ciudadanos temen mayor vulnerabilidad ante el aumento de delitos tras la desinstalación de cámaras
Un vocero de la dependencia señaló que se han retirado entre 250 y 300 cámaras que estaban montadas en estructuras urbanas o en lugares no permitidos. Aclaró que la remoción no implica que los dueños estuvieran cometiendo actos ilegales con ellas, sino que simplemente su ubicación no era la adecuada.
Además, la Secretaría enfatiza que la colocación de estos sistemas en postes, edificios gubernamentales u otros elementos de la infraestructura pública no solo genera un problema de orden y estética en el paisaje urbano, sino que también puede interferir con el correcto funcionamiento de otros servicios esenciales para la comunidad.
