Una mujer fue vinculada a proceso tras ser señalada como responsable de extorsión contra un comerciante de 69 años en la alcaldía Tláhuac. En mayo de 2024, el hombre fue el blanco de este grupo.
¿Cómo operaba la red de extorsión que se hacía pasar por personal del INEGI?
La mecánica era precisa: sujetos armados, portando identificaciones falsas de la institución estadística, abordaban a la víctima para intimidarla. Bajo el sello de un grupo delictivo, las amenazas no cesaron hasta que el afectado comenzó a realizar transferencias bancarias. Aquí es donde la labor de Jenny “N” cobraba relevancia dentro de la estructura: ella era quien recibía los fondos obtenidos bajo presión.
Tras su captura, la Fiscalía General de Justicia presentó las pruebas ante un juez de control, quien determinó vincularla a proceso. Durante la audiencia, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el juzgador estableció un plazo de 30 días para completar la investigación complementaria, tiempo en el que se buscará robustecer la carpeta para determinar el alcance total de esta red.
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Más allá del proceso judicial, este caso subraya cómo el uso de identidades institucionales (como encuestadores o personal de gobierno) ha escalado en los métodos de extorsión en la capital. Los agresores no solo apelan a la violencia física, sino al desgaste psicológico de sus víctimas, a quienes mantienen bajo vigilancia ficticia para asegurar el flujo constante de efectivo.
La captura de Jenny “N” representa un golpe a la cadena de complicidad que permitía a esta red operar sin rostro. Por ahora, el caso sigue abierto y se espera que, al finalizar el mes de investigación, surjan nuevos elementos sobre la identidad de los sujetos armados que aún permanecen prófugos.
