El periodismo de investigación en México enfrenta un nuevo frente de batalla: la instrumentalización de la ley. Recientemente, el portal Acapulco Trends denunció públicamente haber sido blanco de un intento de censura y amedrentamiento por parte de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. La razón: una investigación periodística que revela un presunto desvío de 898 millones de pesos destinados a la reconstrucción tras el huracán “Otis”, fondos que, según el medio, carecen de comprobación.

En una entrevista exclusiva con Hechos AM, el director de Acapulco Trends, Jesús Castañeda, alzó la voz: “No nos van a callar.” Castañeda explicó que, tras la publicación de su investigación sobre el manejo de recursos post-Otis, la respuesta del municipio fue una denuncia por “violencia de género”, una acusación que, según el periodista, busca silenciar e intimidar.

Otro caso de censura disfrazada de violencia política de género

“Fuimos señalados por ‘violencia de género’ en un intento de censura e intimidación”, afirmó Castañeda, quien además denunció la falta de notificación oficial: “Nunca fuimos notificados. Nos enteramos por el portal del tribunal.” Esta situación subraya una preocupante tendencia en la que el argumento de la violencia de género, diseñado para proteger a las mujeres, se estaría utilizando como un mecanismo para coartar la libertad de expresión y la fiscalización del poder.

La postura de Acapulco Trends es firme. A pesar de las presiones y la denuncia legal, Jesús Castañeda sentenció en Hechos AM: “Están usando las leyes a conveniencia para callarnos. Pero vamos a seguir informando. No nos van a callar.” Esta declaración resuena con la creciente preocupación sobre la criminalización del periodismo en México y la utilización de recursos legales para sofocar la crítica y la denuncia de actos de corrupción.

El caso de Acapulco Trends no es aislado y se suma a una lista cada vez más larga de incidentes donde periodistas y medios de comunicación son objeto de hostigamiento legal por cumplir con su labor informativa. La transparencia en el manejo de fondos públicos, especialmente en contextos de emergencia y reconstrucción, es fundamental para la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. La defensa del derecho a informar y la protección de quienes ejercen el periodismo crítico son pilares esenciales para la salud democrática del país.