El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, escaló su confrontación contra el órgano electoral al presentar una denuncia formal ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
La acción diplomática ocurre en respuesta directa a la resolución aprobada a finales de julio por la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto, misma que es integrada por los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, mediante la cual se ordenó al PRI y a su presidente eliminar nueve publicaciones en redes sociales donde acusaba al partido oficialista de incurrir en calumnias al utilizar de forma sistemática el concepto de "narcopartido" para vincularlo con el crimen organizado.
La orden del INE y la acusación de censura hacia Alejandro Moreno
La controversia legal detonó luego de que la representación de Morena ante el INE promoviera una queja por calumnia e imputación de hechos falsos sin sustento probatorio. La Comisión de Quejas resolvió procedente la medida cautelar y ordenó el retiro inmediato de los mensajes emitidos por Moreno Cárdenas, argumentando que las publicaciones carecían de elementos periodísticos o judiciales que respaldaran las acusaciones directas. Ante el fallo, el líder del tricolor acusó al árbitro electoral de actuar de manera "sometida al gobierno" y de censura para proteger al régimen de la crítica política opositora.
Presenté, hace unos momentos, una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisen las actuaciones de los Consejeros del @INEMexico Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a la luz de la Global Magnitsky… pic.twitter.com/eBi6R5bFYf
— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 10, 2026
Apela a la Ley Magnitsky en EU y anuncia escalar conflicto ante la ONU
A través de sus redes oficiales, Moreno informó haber solicitado al gobierno estadounidense que analice la actuación de los tres consejeros electorales a la luz de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, un mecanismo que permite imponer el congelamiento de bienes y la revocación de visas a funcionarios extranjeros vinculados a violaciones graves de derechos humanos o represión de la libertad de expresión.
El senador priista advirtió que impugnó la resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) y anunció que llevará denuncias formales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para evidenciar la embestida institucional contra la oposición.
